Pasaje Seguro ha mostrado su satisfacción por el paso dado ayer en el Congreso de los Diputados, que es la admisión a trámite de la propuesta para abrir un proceso de regularización de migrantes que se encuentren en nuestro país.

Es decir, no se ha votado ni aprobado la propuesta, sino su admisión a trámite para que se debata posteriormente, un paso importante en cualquier caso porque, además, el proceso ha sido posible mediante el sistema de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), esto es, ha partido de la ciudadanía y no de los partidos, a través de la plataforma Esenciales, que logró recabar 700.000 firmas (8.000 de ellas desde Cantabria).

“Durante más de un año, más de 900 organizaciones en toda España hemos recogido firmas y hecho campaña, con un objetivo común, la regularización legal, que en justicia corresponde, a las personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país, pero sin papeles”, recuerdan, repasando las organizaciones que colaboraron en Cantabria: Alouda Cantabria, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, ACCAS, La Vorágine, Cáritas Santander, Colectivo La Ruda, Pasaje Seguro, Ruta6 (miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs), la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, junto a cientos de organizaciones por todo el país con presencia también en Cantabria, como Entreculturas, las organizaciones salesianas, PROYDE, las entidades de la institución teresiana, PROCLADE, Oxfam Intermón, –que en Cantabria se integran en la Coordinadora de ONGDs–……

La recolección de firmas ha servido además para informar a la ciudadanía de que en España residen de manera administrativa irregular más de 500.000 personas –por tanto, sometidas a situaciones de precariedad y abusos laborales-, y de que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la Ley de Extranjería es “lento e insuficiente”.

Y recuerdan que “no se trata de un mecanismo novedoso: ya se promovieron 9 regularizaciones extraordinarias por gobiernos del Partido Popular y del PSOE desde 1996”.

Además, “hemos compartido en las calles la enseñanza, que la pandemia nos dejó, sobre lo dependientes que somos las personas unas de otras”, incidiendo asimismo en que miles de personas migrantes son “esenciales” (el término que se empleó en la pandemia para aquellos trabajos que no podían parar pese al encierro) “para recoger las cosechas, cuidar a nuestros seres queridos, limpiar nuestras casas, actividades que durante la pandemia se demostraron fundamentales para vivir dignamente”.

Pese a ello, “muchas de estas personas viven en un limbo legal, no se les reconocen derechos, se les retrasan constantemente los procedimientos administrativos para regularizar su situación, entran y salen del paraguas de la legalidad dependiendo de la duración de un contrato de trabajo”.

Y esto “provoca que su vida sea más precaria, que su acceso a la sanidad pública (que financian con sus impuestos) sea también precario” .

A partir de ahora, avanzan, “seguiremos luchando, junto con las demás organizaciones de la sociedad civil, para conseguir que en los próximos meses el Congreso aborde con justicia la reforma legislativa que facilite la regularización y el reconocimiento de derechos de las personas migrantes sin papeles”