Vecinos del edificio donde se quiere ubicar el salón de apuestas en Peñacastillo piden al Gobierno una revisión extraordinaria del criterio de la distancia ante la concentración excesiva de locales en Santander

Es un proceso contemplado en la Ley y en el que tiene que escucharse la opinión del Ayuntamiento
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Los vecinos del edificio de la calle Hermanos Calderón, 28, en Santander, que se enfrentan a la instalación de una casa de apuestas en el bajo van más allá en sus alegaciones a la solicitud de licencia que ha presentado ante el Ayuntamiento Ludere Operadora, empresa del sector con domicilio social en Torrelavega.

Y en sus alegaciones es importante lo de los 500 metros de distancia : es la separación que por Ley (la Ley del Juego, aprobada en 2022) debe haber entre un salón de juego y un centro educativo o unidad de salud mental.

Las familias dan la ‘batalla’ en todos los frentes argumentales y administrativos posibles:

-identifican espacios como la Unidad de Salud Mental del ambulatorio de Nueva Montaña que están dentro de ese límite

-llaman la atención sobre que la delimitación de los 500 metros es confusa porque hay itinerarios que hacen que varíe –por ejemplo, atravesar el parque en diagonal—o que en algunos casos la autorización se produzca por apenas 5 metros

-y recalcan que incluso con institutos por encima de los 500 metros de distancia que teóricamente proteja, la concentración de centros en un área, la de Peñacastillo y Nueva Montaña, con una población muy joven, hace que el salón de apuestas pille de paso en el trayecto de los adolescentes a clase, por tanto, les deja expuestos al reclamo de las apuestas de las que se supone que se les quería proteger.

REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS DISTANCIAS

Pero más allá de eso, tal y como recogen las alegaciones que viene contando EL FARADIO, piden al Gobierno de Cantabria una revisión extraordinaria de este criterio de las distancias.

Esa revisión extraordinaria es una posibilidad que contempla la propia Ley del Juego.

En detalle, el texto, consultado por EL FARADIO, plantea que el Consejo de Gobierno de Cantabria (el Ejecutivo reunido en su conjunto) pueda hacer modificaciones de lo planificado con carácter trienal, según las circunstancias del momento. Si a los tres años (nos iríamos a 2025), no se modifica esa planificación, se mantiene la que estuviera en vigor sin cambios.

Pero el artículo 25 añade otra posibilidad para hacer cambios, la de la revisión extraordinaria que invocan los vecinos de Hermanos Calderón, 28, en sus alegaciones.

En este caso, se trata de una revisión extraordinaria de las distancias con el objetivo de evitar la concentración excesiva de establecimientos de juego.

LA CONCENTRACIÓN EXCESIVA DE LOCALES

Y ese concepto de concentración excesiva no es una expresión genérica, sino que está cuantificado: según la Ley, se entiende que existe concentración excesiva en aquellos municipios en los que exista más de un establecimiento de juego por cada 4.000 habitantes, con la excepción de aquellos municipios de más de 150.000 habitantes, en los que se entenderá que existe la citada concentración excesiva en el caso en que exista más de un establecimiento de juego por cada 7.000 habitantes.

Es en esa segunda opción, la de más de un establecimiento por cada 7.000 habitantes, en la que encaja Santander.

Las familias hacen un repaso sencillo, a través de Internet, a los establecimientos de juego que hay en Santander, que les arroja un resultado de 18 locales de apuestas, 13 salones de juego, 2 bingos y 2 casinos, lo que supone “al menos” 35 establecimientos de juego para los 164.066 habitantes. Esto supone una sala por cada 4.973 habitantes, y la Ley marcaba los 7.000.

EL PAPEL DEL AYUNTAMIENTO

La revisión la haría el Consejo de Gobierno,y en el proceso tendrá que escucharse lo que tenga que decir al respecto el Ayuntamiento para el que se pida la revisión extraordinario, es decir, el Ayuntamiento de Santander (al que las familias le recuerdan en las alegaciones que la capital tiene el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, lo que implica desarrollar políticas que mejoren el bienestar de los menores).

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