Los contenidos de las denuncias abordaban defectos de procedimiento en el protocolo de acoso, reapertura del protocolo inicial de acoso por parte de algunos denunciados contra las víctimas y que ya había sido cerrado por la empresa de forma unilateral, sumado a la constitución del órgano de salud y la paralización de todo el sistema preventivo.

En lo que a los protocolos de acoso y sus procedimientos se refiere, la Inspección traslada que «atendiendo a la literalidad de la regulación convencional en materia de protocolos de acoso y, en particular, de la Comisión de Información, no se aprecia infracción».

Desde MAYSA dice que les ha sorprendido esta afirmación, ya que Mercadona se negó a mostrarles la documentación que parece ser que sí ha entregado a la Inspección de Trabajo y, partiendo de que todos los delegados de prevención pertenecen al Sindicato MAYSA, se preguntan quién ha firmado esa documentación en nombre de la parte social.

En cuanto a la reapertura de los protocolos de acoso, es la misma Inspección la que asume no poder pronunciarse «por exceder del ámbito de sus competencias, ya que tiene encomendada la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de acuerdos y convenios colectivos, siendo que la citada reapertura no viene regulada en las disposiciones señaladas, pudiendo dirigir su pretensión al orden jurisdiccional competente por razón de la materia».

El sindicato refleja en un comunicado que aquí «se puede ver cuál es la realidad que se vive en Mercadona, pues sus actos mafiosos quedan más que demostrados cuando reabre un procedimiento contra las víctimas que ni siquiera está ajustado a ley».

En lo tocante a la constitución del Comité de Seguridad y Salud, la problemática surgía, entre otras cosas, en que la empresa quería obligar a los delegados de prevención, todos ellos de MAYSA, a delegar sus competencias al Comité Intercentros, dejándoles por extensión sin voz para resolver los problemas de salud de la plantilla de Cantabria, además de negar que existiera un reglamento de procedimiento interno del Órgano y registrar la constitución en el Organismo competente, afirman desde la organización sindical.

Para defender su postura ante la Inspección, Mercadona pone encima de la mesa su Convenio Colectivo, por lo que la Inspección de Trabajo deriva nuevamente al Juzgado, ya que el Organismo carece de competencias para valorar una disposición convencional, explica MAYSA.

Para el sindicato esto ya es suficiente para sostener que Mercadona atenta contra la salud de sus trabajadores. Y añaden que la Inspección concluye la actuación, bajo requerimiento, de realizar las evaluaciones de riesgos psicosociales en 11 de los 12 centros que tiene en Cantabria, señalando que en el de Alday se deberá realizar la evaluación de riesgos psicosociales inicial, ya que después de casi cuatro años desde que se abrió «aún no se ha llevado a cabo y excluyendo de hacer la de Cabezón de la Sal, donde recordemos que Mercadona ya tiene un expediente sancionador abierto por la propia Inspección por realizarla de forma unilateral sin la representación de los trabajadores» asegura el sindicato. La Inspección añade también que se requiere, así mismo, «la planificación de las medidas preventivas necesarias».

Los representantes de los trabajadores estiman que se debe tener en cuenta que dichas evaluaciones vigilan y controlan, entre otras cosas, el estrés laboral, cargas de trabajo, acoso, mobbing, absentismo, mal clima laboral, mal gestionamiento de la organización de la tienda, causas todas ellas que MAYSA lleva tiempo reivindicando que se están sufriendo por parte de la plantilla.

Si la empresa prefiere exponerse a una sanción antes que activar su sistema preventivo, el sindicato lo interpreta como una intención de ocultar algo.

MAYSA opina que «cuando se atenta de una forma reiterada contra la salud se debe de poner en conocimiento de quien corresponda», por ese motivo esta resolución se aportará al Juzgado de lo Penal donde ya se están gestionando diligencias.

Aún así, el próximo día 12 de julio, los delegados de prevención y la empresa vuelven a sentarse, con el compromiso adquirido por Mercadona y bajo un principio de buena fe de constituir este Comité sin vulnerar los derechos de los delegados. Pero en MAYSA desconfían, pues esta fue una promesa hecha en otro momento y que no se cumplió.