La conversación sobre discursos de odio, bulos o desinformaciones está a la orden del día. En un momento en que el Gobierno de España se plantea legislar para contener esto mismo que se puede ver cada día en discursos de cargos electos, en medios de comunicación en redes sociales.

En Cantabria ha surgido una contestación social ante la celebración de un festival de corte ultraderechista, llamado Galerna Fest, en Santander. Este sábado habrá manifestación, desde las 18:00 en Puerto Chico, para rechazar que haya eventos culturales que en realidad sirven para divulgar mensajes xenófobos y racistas.

Miquel Ramos es un periodista y escritor que ha estudiado el funcionamiento de movimientos y organizaciones de este tipo, aunque reconoce que, respecto a su libro ‘Antifascistas‘, donde habla de cómo se combatía a estos grupos a finales del siglo pasado y principios de este, el momento ha cambiado mucho. Ahora ya no se trata simplemente de hacer contramanifestaciones, sino que personas de esos grupos ahora forman parte de ayuntamientos, parlamentos regionales o de las mismas Cortes Generales.

Ramos también es coautor del libro ‘De los neocón a los neonazis‘, en el que se analiza cómo funciona y por dónde se mueve la extrema derecha en España. También está implicado como coautor del proyecto ‘Crímenes de odio‘, que relata casos que causaron víctimas mortales en este Estado. Y también llevó a cabo el podcast ‘Dios, Patria y Yunque‘, en el que habla sobre la organización de extrema derecha ‘El Yunque’.

En cuanto a la celebración de un festival de estas características, Ramos certifica que esto no es algo nuevo, sino que ocurre habitualmente desde que se pusieron de moda los grupos de rock de extrema derecha. Y también aclara que las instituciones no pueden hacer nada por impedir un evento de este tipo. Si se trata de una celebración a nivel privado y las bandas de música no están ilegalizadas, ni hay sanciones ni medidas cautelares contra ellas, no se puede hacer nada. Lo refleja en una entrevista concedida a EL FARADIO.

Otra cosa distinta es que pueda haber gente que se indigne y que proteste ante algo así. «Lo deseable es que estas bandas no tocasen en ningún sitio», dice Ramos, que también subraya los dobles raseros que pueden aplicar las instituciones, quejándose o tratando de obstaculizar eventos de un determinado signo y dejando hacer los de otro diferente. «Cuando son grupos nazis los que van a actuar, las excusas van por delante», afirma.

«La libertad de expresión se aplica de diferentes maneras dependiendo de quien sea el sujeto», según el periodista. Por eso cree que hay que poner mucho cuidado a la hora de pedir medidas punitivas, porque «no son pocos los casos en que esto se vuelve en contra». Ya ha habido en el pasado numerosos casos de bandas y artistas que han sido censurados, víctimas de una campaña de criminalización a nivel político y mediático, algo que no sucede tan habitualmente con grupos neonazis, aunque «también es verdad que a veces no se les quiere hacer publicidad ni victimizar y que no puedan decir que están perseguidos». Dice también que «esto se acaba aplicando a quien critica a la policía o a quien tiene problemas con los nazis».

Por eso Ramos cree que el tema de los límites a la libertad de expresión es una cuestión muy delicada y espinosa. Expresa que «tiene que haber algunos límites, pero esto es muy complicado». Le parece «hipócrita» perseguir a una persona insignificante que lanza un mensaje de odio por las redes sociales, «cuando tienes a otras conocidas con acta de diputado o periodistas reconocidos diciendo lo mismo que dicen los nazis, pero en prime time».

En cuanto a las redes sociales, sí piensa que se podría exigir a las empresas que las administran a acatar determinadas normas, pero es algo «que no está pasando». Cree que a las instituciones sí se les puede pedir «que actúen cuando hay casos flagrantes de desinformación que desencadenan actos de violencia, o de bulos de políticos con la intención de desencadenar cacerías racistas u odio contra determinados colectivos», pero no sólo hay que actuar en esos casos.

Ramos defiende que hay otras cosas por hacer, como una labor de concienciación y pedagógica para que haya un rechazo ante determinadas conductas, y le parece positivo que haya buenos discursos en medios de comunicación o redes sociales, pero que es necesario hacer un trabajo en los barrios y en los pueblos. «Tiene que haber un músculo social que sirva de dique frente a los discursos de odio», estima.

Un ejemplo de esto se puede ver en el tema de la vivienda, algo que también está en la conversación social, pero no todos los discursos apuntan en la dirección real de esta problemática. A pesar de que sigue habiendo un número muy alto de desahucios, se pone el foco muchas veces en la ocupación, cuando es un problema mucho más pequeño. Los grupos de desocupación están teniendo mucha propaganda, y ante eso es necesario un discurso contrario, una contrapropaganda para evitar que se enmascare el problema real.

Ramos defiende a los movimientos sociales, en este caso los que exigen que haya viviendas dignas como un derecho reconocido y consolidado. Recuerda el periodista que el problema está en el marco legal que permite que estos grupos antiocupas proliferen y actúen como lo hacen. Es decir, algo parecido a lo que ocurre con la organización de festivales de extrema derecha.