Hicieron meta, aunque no ganó nadie. Lo suyo es una carrera de resistencia para llegar a la meta de la legalización. Quieren para sus casas lo mismo que para la depuradora de Vuelta Ostrera.

Mientras durante los últimos días, quien más y quien menos disfrutaba, como mandan los canones, de las vistas de los puertos de montaña desde su sofá, los propietarios de viviendas con sentencia firme de derribo en la costa han recorrido este domingo, etapa a etapa, los hitos del tour de los derribos.

Arnuero, Argoños, Escalante…. así, hasta cruzar los Campos Elíseos, la gran meta, que para ellos es la depuradora de Vuelta Ostrera, también con sentencia firme, e ‘indultada’ reforma de la Ley de Costas mediante.

Todo un símbolo, para AMA (Asociación de Maltratados por la Administración, como se denomina su colectivo) de la discriminación que ellos sienten ya que ven que han seguido caminos paralelos: la Administración no hizo bien sus trámites y eso se tradujo en denuncia de los ecologistas de Arca y una sentencia firme de derribo, al más alto nivel.

A partir de ahí, ellos pasaron al pelotón y la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) hizo el sprint. Arca aceptó no pedir que se ejecutara la sentencia hasta que se construyera una nueva, ya que el argumentario de entonces sostenía que era difícilmente justificable que una asociación ecologista quisiera derribar una infraestructura que servía precisamente para mejorar el medio ambiente. Y que había tenido un elevado coste, apostillaba siempre que podía el Gobierno.

Un nuevo sprint y ni eso: la reforma de la Ley de Costas indultaba a Vuelta Ostrera. Ya no hacía falta ni Arca. La situación se embarulla, porque los ecologistas cuestionan la legalidad y los propietarios de vivienda denuncian el agravio comparativo porque ven demostrado que «sí se quiere, se puede».

Antonio Vilela, incombustible presidente de AMA, encabezaba el equipo de los 200 afectados, que tras hacer meta se concentraron ante la EDAR.

 Allí estaban también los alcaldes de los municipios del mapa de los derribos, y el consejero de Ordenación del Territorio, Javier Fernández, experto en urbanismo, y autor de la hoja de ruta sobre las demoliciones, que incluye en los últimos meses una nueva figura salvadora.

AUTORIZACIÓN, PROVISIONAL. ANTES DE LA LICENCIA

Quédense con este nombre, que es nuevo: autorización provisional. Se le quiere dar  a más de 400 viviendas sentenciadas dentro de un año. Y lo que esconde esta denominación es una figura que con el paso de los años se convertirá en licencia.

Se trata de superar un puerto de montaña importante para la legalización: hay planes generales que regularizan las viviendas, pero los trámites son lentos y mientras no estén aprobados, gana la sentencia.

La autorización provisional es eso, una forma de demostrar, papeles en mano, que se tienen derechos y compromiso de legalización, en una solución que desde el Gobierno de Cantabria venden como novedosa en toda España.

El calendario que prevé el Gobierno es que en septiembre se obtenga la primera autorización provisional en el Ayuntamiento de Miengo para legalizar unas 100 viviendas.

A lo largo de este año y el próximo se sucederán otros procedimientos de este tipo en Escalante, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Argoños.