La agencia de comunicación Fraile y Blanco ha llegado a un pacto con el lobby del sector informático por medio del cual deberá pagar más de 20.000 euros por el uso de programas informáticos sin licencia para sus cursos de formación.

Fue esta práctica la que llevó a que el pasado 3 de abril se produjera un registro en sus instalaciones en el Río de la Pila, tras recibir una denuncia anónima.

La presencia de policía (en funciones de policía judicial, esto es, a instancias de un juez) produjo el equívoco en un primer momento de hacer pensar que se debía a otros razones ligadas a la actividad del grupo.

La propia empresa activó en el imaginario colectivo esa idea con un comunicado que remitía a aquellos otros motivos que podían haber llevado a la policía judicial hasta su sede.

Ese día se inspeccionaron 10 ordenadores, en los que se detectó software que se empleaba sin licencia, y cuyo uso era, fundamentalmente, para los cursos de formación para el empleo de los que esta empresa es entidad colaboradora, centrados principalmente en el campo audiovisual.

La organización planteó que se inspeccionaran más ordenadores y espacios, pero entonces se alegó que su uso era compartido, argumento que aceptó la autoridad judicial y que supuso que el registro se limitara a esos diez ordenadores.

En un primer momento, BSA -The Software Allience en España (la organización que lucha contra el uso de software de forma ilegal) llegó a cuantificar los daños sufridos entre 25.000 y 40.000 euros.

Sin embargo, finalmente, la cifra se ha quedado en torno a los 20.000 euros, gracias a un pacto entre empresa y organización.

Esa cantidad se concibe como una multa o indemnización a las damnificadas, pero no es el único gasto que debe afrontar una compañía que, como es el caso de Fraile y Blanco, se las ve con una denuncia de este estilo.

El acuerdo y la sanción van acompañadas del compromiso de abandonar esta práctica y pagar las correspondientes licencias de uso de los programas informáticos, según explican fuentes conocedoras del proceso.

DENUNCIA DESDE DENTRO

La inspección se realizó tras recibirse información sobre utilización de software presuntamente ilegal mediante un informador a través de www.bsa.org., la página del lobby informático que facilita las denuncias, mediante un formulario que garantiza el anonimato del denunciante y que deriva la actuación directamente hacia la justicia.

En este caso, la denuncia partió de uno de los trabajadores que ha sufrido los frecuentes despidos en los últimos tiempos por parte de una empresa que en su mejor momento llegó a tener en plantilla a 60 empleados en su sede del Río de la Pila.

Y aunque no ha sido la única persona que ha realizado una denuncia similar, la empresa sí que divulgó su nombre y apellidos a todo la plantilla en un comunicado interno, en el que tachaban de «esperpento» lo sucedido y sugerían intereses en el proceso del denunciante, al que acusaban de querer «destruir».

A este comunicado, interno, se sumó otro pensado para enviar a los medios (sólo El Diario Montañés y Buenos Días Cantabria se hicieron eco del registro), y que finalmente no fue remitido, pero que tenía la intención de “evitar posibles especulaciones que no deseamos o “historias que no se ciñen a la realidad».

BSA, a través de Carlos Pérez, representante legal de esta organización, advertía sobre los riesgos económicos que puede acarrear a las empresas el uso de software sin licencia, a través de una nota fechada el pasado 22 de abril.

LA ACTIVIDAD DEL GRUPO

A raíz de esta inspección policial Buenos Días Cantabria estuvo contando detalles sobre el origen y funcionamiento de Fraile y Blanco, agencia de publicidad nacida bajo los gobiernos del Partido Popular (uno de sus comerciales es cuñado del presidente Ignacio Diego) y que experimentó un sustancial crecimiento en los Ejecutivos de PSOE y PRC, al calor de una publicidad institucional auspiciada desde las consejerías socialistas.

Fraile y Blanco llegó a crear un conglomerado de al menos nueve empresas, relacionadas entre sí de distintas formas (misma dirección, socios comunes, etc…) que consiguieron sólo en la segunda legislatura del orden de 12 millones de euros de dinero público.

Recurrían al método de fraccionar contratos del mismo proyecto a distintas empresas del grupo, facturando cifras inferiores a la que se requiere para que haya más competidores. Una práctica que fue censurada por los auditores de la empresa pública Sodercan.

Tertulianos de Buenos Días Cantabria, como el expresidente cántabro y exsecretario general del PSOE Jaime Blanco, hablaron abiertamente de la relación entre esta agencia y la financiación irregular del Partido Socialista en Cantabria.