En la pelea con el Gobierno de Cantabria por el mejor emplazamiento para un campo de golf, el alcalde de Santander ha desempolvado un proyecto cuya tramitación llegó a iniciarse, que incluso se presentó ante distintas instituciones y que pronto se granjeó una incipiente oposición en los movimientos ecologistas, al suponer el cierre de paseos vecinales en esta zona natural para un uso eminentemente privado y restrictivo y que incluye hitos como la construcción de un lago artificial.

Entonces, en 2009, quedó pendiente de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, resulelto definitivamente el pasado mes de mayo tras causar uno de los desencuentros más sonados que han mantenido Íñigo de la Serna y su compañero de partido, el presidente Ignacio Diego desde que coinciden al frente de sus dos instituciones.

Las discrepancias siguen, pues el Gobierno de Cantabria cree que esa no es la mejor ubicación y que se debe buscar otra. Es como si finalmente el Gobierno, tras todas las pegas puestas al Plan General entonces, se siguiera reservando la última palabra.

Por tanto, todos los detalles recordados estos días ya se conocían: 18 hoyos entre El Bocal y el Panteón del Inglés en un proyecto del que se vendía entre sus ventajas el aval de haber sido diseñado por la empresa del célebre Severiano Ballesteros.

Lo que no se ha destacado tanto es la inversión prevista: 11 millones de euros. El proyecto, se dijo, contaba con el apoyo de la Federación Cántabra de Golf, y se iba a presentar al Consejo Superior de Deportes, así como al Gobierno de Cantabria, para pedirles un apoyo económico que, tres años después, suena, a priori, más complicado de obtener, tanto por el contexto económico como por el de relaciones institucionales.

Un proyecto que apostaba por la gestión pública en colaboración con la iniciativa privada, en una fórmula que podría concretarse en una sociedad mixta, tal y como planteó hace cuatro años el alcalde.

Todo quedaba fiado al Plan General de Ordenación Urbana, ya que la mayor parte de los terrenos eran de titularidad privada, y protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral.

La idea era compensar a sus propietarios con aprovechamientos en otras zonas, de forma que la adquisición de los terrenos no supusiera coste para las arcas públicas ni para los promotores privados.

UN VIEJO CONOCIDO

Todo esto con los consiguientes efectos sobre la flora de la zona, y sobre la fauna, por ejemplo las aves que acuden atraídas por una zona natural que al ser eliminada, supondría su expulsión de la zona. El uso de pesticidas tendría efectos sobre los acuíferos de la zona, usados también por distintas especies, en un proyecto que además incluía una red de drenaje subterráneo y un lago artificial.