La sesión de este miércoles del Pleno municipal de Torrelavega llega en uno de los peores momentos para la ciudad, en la semana en que la capital del Besaya se hace a la idea de que los más de 500 despidos en La Fábrica son, eso, definitivos.

Todo en una comarca que, debido al peso de la industria en su economía, llevaba tiempo sufriendo los efectos de la crisis económica. Torrelavega ha sido el primer sitio de Cantabria en el que se pronunció la palabra desahucio, el primero en el que hubo movilización por el problema y el primero en que se creó una Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Unos y otros, trabajadores de Sniace y activistas antidesahucios, se darán cita en la sesión del Pleno, que les incluye en su orden del día.

Por un lado, se abordará una petición de reapertura de La Fábrica (más simbólica que otra cosa), planteada por el PSOE local, en la oposición (en un ayuntamiento gobernado por el PP, pero en el que las distintas formaciones de oposición tienen mayoría y en ocasiones logran hacer prosperar sus mociones).

Será a la una del mediodía, y mientras tanto, fuera, habrá concentración de los trabajadores de Sniace, dentro de la nueva fase de protestas en la que han entrado tras los despidos. Una fase en la que cobra más protagonismo la Coordinadora Social Saja-Besaya, con más agentes implicados y que extiende su ámbito de acción a toda la situación del empleo en la comarca.

Y por otro, ACPT, el partido de corte vecina l con representación municipal, lleva al Pleno las sanciones que se impusieron a los protagonistas del escrache al alcalde, el ‘popular’ Ildefonso Calderón.

Recordamos: activistas antidesahucios, tras una manifestación en pleno apogeo de la campaña de escraches a políticos, se concentraron frente al domicilio del regidor. Pese a que un juez no vio delito en la acción, poco después llegarían las sanciones de  Delegación de Gobierno a los participantes en la acción, por cierto, impuestas sin identificación expresa, simplemente cotejando lo que habían visto los agentes policiales con fotos suyas que se manejan en las dependencias policiales, pese a no tener antecedentes.

El Pleno de Torrelavega aprobó pedir a Delegación de Gobierno su retirada, pero esa moción no ha llegado a hacerse efectiva. Ahora ACPT pide que se ejecute, y lo hará con público en el salón de plenos: los propios activistas antidesahucios que, junto a los trabajadores de Sniace en el exterior, llevarán un toque de realidad a la política municipal en la castigada capital del Besaya.