El pliego del megacontrato de Valdecilla, limitado en principio a la adjudicación a una empresa privada de los servicios no sanitarios, parece esconder ciertos recovecos, ambigüedades que a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria le hacen sospechar que finalmente el sector privado pueda ponerse la bata blanca y extenderse a más centros sanitarios aparte de este hospital.

Pues resulta que el contrato que se adjudicará en breve (870 millones de euros a 20 años)… es más que ambiguo, y hace posible que se incluyan en algunos supuestos una serie de prestaciones, de servicios, más allá de las planteadas inicialmente, y que abren la puerta a servicios específicamente sanitarios. La puerta abierta a la gestión privada de la bata blanca.

Lo genérico del megacontrato es que la empresa adjudicataria del concurso estará obligada a ejecutar todo lo relacionado con la obra física – la dirección técnica, la finalización del edificio -, su equipamiento y la gestión posterior de 12 servicios en principio no sanitarios – aunque puedan tocar con lo sanitario, como el archivo, la informática o el mantenimiento.

O sea, que excluye lo sanitario, lo que los profesionales de la gestión llaman bata blanca. Sin embargo, la Plataforma advertía, a través de su portavoz Mercedes Boix en Buenos Días Cantabria, de ciertas partes del pliego.

En concreto, se refieren a la Centralización de los servicios centrales hospitalarios del Servicio Cántabro de Salud. Esto incluye áreas como Laboratorios, Anatomía Patológica, Radiología, Esterilización, Almacenes) en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o en instalaciones externas.

¿Qué quiere decir esto?  Que se puede centralizar esos servicios, sacarlos de lo sanitario, y adjudicarlos, en bloque, a la empresa contratista. Esto ha sucedido en hospitales de la comunidad de Madrid.

Además, se fijan una serie de condiciones para mantener el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte del contrato, público o privado, que corresponda.

En la administración, que podrá cambiar o interrumpir las condiciones, bien por razones de interés público o de fuerza mayor. También si se produce una evolución imprevisible de la situación sanitaria, o si se modifica el mapa sanitario (la división en zonas de cara a la atención).

Pero el pliego también apela a mantener el equilibrio económico en otra situación: si se produce la adscripción o la eliminación de nuevos centros asistenciales y administrativos.

Adscripción de servicios asistenciales significa otros sitios aparte de Valdecilla que se puedan añadir al contrato en el futuro.

Y los centros administrativos se refieren ya a personal, a nuevo personal, no incluido en las condiciones iniciales, que se ciñen a lo no sanitario, y que por tanto, al extenderse, puede alcanzar a la bata blanca en la concesión de servicios a la empresa privada, y siempre por motivos económicos.

Todo esto está en los términos del contrato que pronto, muy pronto, adjudicará el Gobierno a una gran empresa, que se embolsará 870 millones de euros de todos los cántabros, a pagar en 20 años, una fórmula que defiende con fervor el presidente Ignacio Diego.

RIESGOS Y VENTAJAS

 A priori, la concesión de obras públicas en hospitales a empresas privadas aporta algunas ventajas importantes, relacionadas fundamentalmente con los ahorros de costes a la Administración.

El problema que puede darse (y que de hecho se ha dado), el principal riesgo, es que finalmente ese ahorro no sea tal, la empresa no encuentre beneficios y se acabe teniendo que recurrir al ‘rescate’ de esa concesión, a mayores costes, como ha pasado en Gran Bretaña.

La competencia entre las potenciales empresas concesionarias puede contribuir a mejorar los costes. Sobre todo, se cumplen más los plazos de la obra, los Gobiernos no tienen que endeudarse (no hay dinero, y buscar financiación en el mercado es misión imposible: los bancos consideran a las autonomías casi como «bono basura».

Y se transfiere» los riesgos de la construcción y la gestión al sector privado. Es decir: si algo va mal el riesgo lo tiene que asumir el concesionario. Se supone, porque la realidad ha proporcionado ejemplos (Reino Unido, sobre todo) en el que las empresas concesionarias simplemente no pueden y piden ayuda.

¿Cómo? O ampliando los plazos, o pidiendo el ‘rescate’, una renegociación de las condiciones iniciales del contrato alegando que es inviable, renegociación que, en todo caso, será al alza, es decir, que al final la cifra pública aumenta y el ahorro no es tal.