Cada vez está más claro que Vuelta Ostrera, la depurara de aguas residuales levantada sobre la ría de Suances, se construyó mal.

Eso no lo duda nadie: los distintos fallos judiciales han ido confirmando que esta infraestructura se planificó sin cumplir con el necesario tramite de definir tres emplazamientos alternativos al elegidos, para justificar la ubicación elegida, en una zona de dominio público maritimo-terrestre (año 2001, acuerdo del Consejo de Ministros).

Lo que estaba en debate era la idoneidad de ejecutar esa sentencia, firme, del Supremo, a instancias de Arca, una asociación ecologista, como argumentaban siempre los partidarios de no demoler Vuelta Ostrera, apelando por un lado a que es precisamente una infraestructura medioambiental, y por otro, a lo que se gastó en levantarla, argumento que se intensificó a partir del estallido de la crisis.

Arca aceptó y usó una fórmula legal que contempla la ley: como responsable de la denuncia, puede pedir la ejecución de la sentencia (que se lleve a la práctica), y en 2006 pactó con el Gobierno no hacerlo hasta que hubiera una alternativa que no dejara a esa comarca sin saneamiento.

El derribo hubiera sido en 2013, pero Arca enseguida detectó que el Estado, de quien depende la obra, no había cumplido con nada de lo acordado. Lo que sí se hizo desde el Gobierno central fue una suerte de amnistía en la Ley de Costas, para (de nuevo el argumento económico) ‘salvar’ la depuradora hasta que «las circunstancias económicas lo permitan».

Sin embargo, el Tribunal Supremo matiza que esta disposición adicional «únicamente resultaría aplicable en el caso de que la ejecución acordada comportase, en el momento presente, la reubicación de la EDAR, lo que no es así».

Además, afirma que «no consta que haya desaparecido el interés público y medioambiental» de la depuradora.

Con todo, también hay un ‘palo’ para los ecologistas, a los que reprocha que no ahyan realizado un seguimiento de las actuaciones acordadas para cumplir la sentencia.

De modo que el auto que se ha conocido este lunes lo que hace es, de algún modo, saltarse ese paso, el del pacto, y volver a la situación anterior, a la sentencia firme de derribo. A 2006.

En consecuencia, el Estado «queda desde ahora obligado» al cumplimiento de la sentencia en la forma y términos pactados, y deberá informar «puntualmente» al tribunal del estado de la ejecución. Por su parte, ARCA podrá solicitar al TS la comprobación de las actuaciones que se van realizando con arreglo a lo previsto en el cronograma de actuaciones.