El descontrol urbanístico en los ayuntamientos costeros de Cantabria tiene un precio, y es alto: la adaptación de las normas municipales a la regulación autonómica que intentó compensar la falta de seguridad jurídica, las sentencias de derribo y los planes anulados por los tribunales ha costado 8,5 millones de euros.

El dato lo aporta el Tribunal de Cuentas, en un informe específico sobre la adaptación de los planes generales de los municipios de esa zona a la nueva regulación urbanística.

EL CONTEXTO

En 2001 se aprobó la Ley del Suelo, y de ella deriva una urgencia, la de regular el urbanismo en la costa cántabra, donde se han acumulado hasta 600 sentencias de derribo de viviendas.

Para cumplir ese objetivo, se aprobó el POL, el Plan de Ordenación del litoral, que supuso unos deberes: que los 37 ayuntamientos de la costa afectados adaptaran sus planes urbanísticos, en ocasiones muy desfasados, a esta norma.

En la recta final de la burbuja, entre 2000 y 2006 en Cantabria se crearon más de 50.000 puestos de trabajo (casi tantas como parados en la actualidad). Y había 5.800 empresas del sector de la construcción,  un 45,5% más que en 2000.

Eese crecimiento no fue acompañado de normas correctas. Incluso había planes que vulneraban la ley: Camargo, Colindres, Alfoz, Bezana o San Vicente son ayuntamientos cuyas normas urbanísticas anularon los tribunales.

LOS GASTOS, LAS CAUSAS

Como consecuencia de la ley y de sus propios fallos, los ayuntamientos tuvieron que realizar Planes Generales de Ordenación Urbana, y hacerlos implica costes de 8,5 millones de euros, de los que en el año 2009 sólo se habían pagado 4 millones.

Además, aparte del dinero que cuesta a los propios ayuntamientos, está el dinero que llega del Gobierno de Cantabria en forma de subvención, para ayudarles, por valor de 760.000.

Y mucho sobrecoste, con casos paradigmáticos como el de Santander, donde se pasó del 1,1 millón de euros inicial de la revisión del Plan General a los 2,7 de 2009, yeso que  todavía no había terminado la catarata de revisiones. O Comillas, localidad pequeña en la que se duplicó el coste del PGOU, hasta los más de 400.000 euros.

Parte de los sobrecostes se debe a los retrasos en los procesos, que el Tribunal de Cuentas achaca buena parte al atasco en la revisión ambiental por parte del Gobierno de Cantabria.

En Laredo, el proceso se dilató hasta casi mil días. Aunque a este ayuntamiento no le ha ido mal de todo: por aprovechamientos urbanísticos, es decir, por cambiar suelo para dotaciones, ha llegado a conseguir ingresos por valor de 2,3 millones de euros. Es de los pocos datos que existen sobre esto, porque son cifras que no se facilitan.

De hecho, uno de los reproches de Tribunal de Cuentas es esa falta de información sobre ingresos por urbanismo, y sobre el suelo que se recibe por los aprovechamientos (por los intercambios de suelo con promotores).

Otro ‘palo’ se lo da por la falta de inspección al incumplimiento de las normas urbanísticas. Sólo Santa Cruz de Bezana constató infracciones, una.

RECOMENDACIONES: FRENTE AL DESCONTROL, CONTROL

En su informe, el Tribunal de Cuentas hace varias recomendaciones:

-al Gobierno de Cantabria: que facilite este proceso de adaptación, y que incluya las estadísticas sobre urbanismo en sus planes de estadística

-a los Ayuntamientos: que concreten más los criterios de selección, lo que debe hacer las empresas responsables de hacer los planes generales, y que esos criterios, por cierto, sean más objetivos.

En resumen, lo que se pide es más control. Y un último consejo: que no gasten lo que aún no han ingresado, tras detectar que presupuestaban inversiones contando con el dinero de aprovechamientos, que luego no llegaban a ejecutarse.

EL DESCONTROL QUE NO CESA

Las consecuencias económicas del descontrol urbanístico no cesan: en el Alto del cuco, Martinsa-Fadesa (primera gran constructora en entrar en concurso de acreedores en España en los albores de la crisis)  desmontó la montaña para levantar 400 viviendas en base a un plan luego declarado ilegal.

Esas viviendas se han integrado en el Plan de Derribos del Gobierno de Cantabria, que además va a adelantar los costes del derribo, aún no cifrados. Es algo que no entiende el PSOE regional, cuyo diputado Miguel Ángel Palacio recuerda que el Ejecutivo no fue condenado en aquella sententecia, por lo que está asumiendo unos costes que corresponderían o bien al Ayuntamiento de Piélagos o bien al PP local, pero no a todos los cántabros.