La corrupción urbanística no es sólo cosa de las grandes adjudicaciones de obras y urbanizaciones.

Está también el «menudeo» y las «migajas» de los pequeños contratos,que amplían sus efectos ante otro de los factores que permiten que se produce, como la amplia red de implicados y la connivencia de los que «miran hacia otro lado» mientras de fondo está el asunto de la financiación irregular de los partidos políticos.

Así describe la corrupción de los ayuntamientos Fernando Urruticoechea, el exinterventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales, entrevistado en el programa de La Sexta ‘Salvados’, de Jordi Évole (minuto 18).

En declaraciones ‘in situ’, en el propio Castro, Urriticoechea relataba las presiones que sufrió por parte de distintos alcaldes cuando empezó a denunciar irregularidades en la gestión municipal, dentro de la labor de control que tienen los interventores, funcionarios estatales enviados a los Ayuntamientos, y que, tal y como contó, si cumplen ese cometido pasan a ser considerados «interruptores».

Para Urruticoechea, la corrupción se basa en el reparto de una amplia gama de servicios, que van desde los grandes contratos de obra, pero que incluyen el «menudeo» y las «migajas» de otros pequeños servicios municipales, de todo tipo, desde alquiler de locales hasta los contratos de las basuras.

Todo en una red de implicados de algún u otro modo, bien de forma activa o bien mirando para otro lado: concejales, funcionarios, empresas, contratistas, incluso llegó a señalar a los compradores de vivienda que gracias a estos métodos las adquirían de forma más barata.

Según sus cálculos, el 10% de la población de Castro (30.000 personas en total) está implicada de alguna forma en la corrupción municipal, detrás de la cual situó al recurrente problema de la financiación de los partidos políticos: el dinero llega a las instituciones a través de empresas que, para acceder a esos contratos, empleaban el dinero en «corromper» a los adjudicadores, quienes, a su vez, derivaban dinero a sus partidos y a ellos mismos a través de comisiones.

EL URBANISMO SIN CONTROL

Sobre los excesos de los años del ladrillo y otros de sus efectos se va a hablar este lunes en el Parlamento de Cantabria. Es una sesión en la que  va a suceder un hecho inédito: representantes institucionales pidiendo perdón a los afectados del mal funcionamiento de la administración.

La cita será una especie de acto de contrición sobre los excesos de la era del ladrillo, una petición de perdón que va acompañada de un propósito de enmienda, que no está exenta de polémica.

El Partido Popular lleva al Pleno de esta tarde, que comienza a las 17.00 horas, una proposición no de ley en la que se pide perdón a las “víctimas” de las sentencias de derribo que se acumulan en la costa cántabra.

En Cantabria hay más de quinientas viviendas con sentencia firme de derribo, en un problema que se remonta a hace veinte años y que ha llevado a sus propietarios a organizarse en AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), muy activa en sus reclamaciones.

Ayuntamientos como Arnuero, Argoños, Piélagos o Miengo dieron licencias a urbanizaciones, que tuvieron el visto bueno posterior de los órganos regionales de ordenación del territorio y que acabarían anuladas luego por tribunales, al más alto nivel, en su mayoría tras denuncias de la asociación ecologista Arca.

A modo de ejemplo, en los presupuestos para este año se ha consignado un millón de euros para el cumplimiento del plan de ejecución de las sentencias de derribo elaborado por el Gobierno de Cantabria para hacer frente a este laberinto casi endémico en que se ha perdido el urbanismo regional.

La petición de perdón abanderada por el PP va acompañada de la reclamación para evitar “situaciones injustas” derivadas de estos fallos judiciales, y que sirvan para “garantizar” el patrimonio de los afectados, esto es, que puedan ser indemnizados por las sentencias. Aquí se da una complicación legal: la práctica de la justicia dice que para indemnizarse por un daño este tiene que haberse producido.

Es decir: los propietarios de viviendas recibirán compensación económica cuando estas se hayan demolido. Ellos reclaman que se haga antes (un criterio al que la Justicia se ha opuesto siempre), y el Gobierno regional ya ha arbitrado una fórmula para ejecutarlo.

Está por ver si existe unanimidad en esta votación, tras las presiones del PP al PSOE para que votara a favor de las “víctimas” en lugar de comportarse, como interpreta el partido de Gobierno, como portavoz de Arca,

Las sentencias de derribo son uno de los mayores símbolos del poco control a la actuación del urbanismo en Cantabria, junto al Alto del Cuco, la urbanización erigida por Martinsa-Fadesa (una de las primeras grandes constructoras en caer), que para levantarse se quitó de en medio el monte con el mismo nombre. La justicia ha ordenado que caiga, y de momento correrá con los gastos el Gobierno de Cantabria, que adelanta el dinero (tres millones de euros).

En general, el Tribunal de Cuentas ha fijado en al menos 8,5 millones de euros el coste del descontrol urbanístico en Cantabria.

MALOS TIEMPOS PARA EL ACUERDO

Por otra parte, la sesión de esta tarde en el viejo Hospital de San Rafael servirá para tomarle el pulso a las relaciones, tensas, entre Gobierno y oposición.

Es el primer Pleno del mes, el momento en que el reglamento marca que los partidos de oposición puedan realizar preguntas de control al presidente, y las de esta vez versarán sobre la situación económica de la comunidad.

A estas preguntas (PSOE por medidas para activar el mercado de trabajo, y PRC por medidas para reducir el desempleo), se suman otras de la oposición socialista que se habían quedado ‘colgadas’ de otras sesiones: las que aluden a las gestiones para instalar empresas en Torrelavega y a las empresas que han dejado de hacerlo por la “crispación” que hay en la zona, en referencia a unas declaraciones de Diego, que no ha querido corregir.

El copago farmacéutico y hospitalario (medidas para evitar que se repercuta el coste si se alcanza un límite) o los alumnos que se han quedado fuera de la Escuela de Idiomas de Santander ante la falta de plazas son otros asuntos que se abordarán en esta sesión.