La política perjudica seriamente la salud. No es un chiste fácil, es una de las principales conclusiones de las III Jornada de Evaluación de Políticas Públicas de Salud y Servicios Sociales, que se han desarrollado este viernes en la Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria.

«Difícilmente así se puede, mientras que no haya una separación de la política» ha sentenciado la catedrática de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria, Paloma Salvadores Fuentes, a la simple pregunta de si tiene solución el Sistema Nacional de Salud.

Antes de señalar la «politización del sistema sanitario», Salvador había explicado que proviene de la Comunidad de Madrid, donde se produjeron cuatro cambios  en la gerencia de la Fundación Hospital de Alcorcón en seis años, y otros tres cambios de equipos directivos en el mismo tiempo en el Hospital Universitario de Móstoles.

Salvadores Fuentes ha dedicado buena partes de su presentación a los modelos de gestión sanitaria. Ha enumerado todo un espectro de opciones desde la pública, modelo ‘Andalucía’, hasta la privada modelo ‘Alzira’, con una amplia gama de modelos intermedios entre un extremo y el otro, y muchas diferencias entre las comunidades autónomas.

Esta catedrática ha dibujado un debate que es «muy pasional» y ha criticado la «demonización» de algunos modelos, que es «falaz». En su opinión, es la «mala gestión» lo que «arruina» cualquier modelo, ya sea gestión directa o indirecta.

Sin embargo, ha lamentado que en España «carecemos de evaluaciones independientes» para valorar qué modelos son más eficaces, aunque sí ha afirmado que en Europa «no hay evidencia de que la privada sea más eficiente que la pública», porque no ha aumentado la esperanza ni la calidad de vida en esos países.

EL MODELO DE VALDECILLA

A la presentación de esta III Jornada de Evaluación de Políticas Públicas en Salud y Servicios Sociales, organizada por el Grupo de Investigación en Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria, ha asistido el director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, César Pascual. El mismo día en que la Mesa de Diálogo Competitivo, que preside Pascual, ha formulado propuesta de adjudicación del contrato a 20 años de Valdecilla.

Hacía tiempo que Pascual había abandonado la Sala Gómez Laa de la Facultad de Económicas de la UC, cuando se han puesto sobre la mesa las ventajas y los inconvenientes del modelo de concesión de obra pública por el que ha apostado el Gobierno de Cantabria para la finalización del hospital.

Entre las ventajas para la administración pública de un PFI (Private Finance Investment), destacan dos:

A. Que el Gobierno no incurre en déficit y no se endeuda.
B. Que transfiere los riesgos financieros a la empresa adjudicataria

Por contra, los riesgos de esta colaboración público-privada se resumen en dos también:

A. Las comunidades autónomas funcionan en la práctica como redes de seguridad para las concesionarias. La experiencia demuestra que si el negocio no ha sido rentable, las administraciones rescatan las concesiones de alguna de estas maneras:

1. Ampliando la duración del contrato

2. Rescatando la concesión

B. Un control menor de la calidad y de los costes

LAS CIFRAS NO MIENTEN PERO…

«Las cifras no mienten pero los mentirosos usan las cifras» ha sentenciado la profesora Marta Pascual Sáez, en su ponencia, dedicada a la evaluación y cobertura de políticas públicas y su equidad.

Pascual también ha apostado por «ser críticos» y abandonar el «y tu más» y los grandes titulares que aparecen en los medios de comunicación.

Todos los ponentes han subrayado una necesidad de mayor transparencia en los datos, así como de evaluar antes y después de poner en práctica las políticas, para que el sistema sea más eficiente y obtenga resultados más eficaces en la salud de la población.

UN EJEMPLO DEL DEBATE

Un buen ejemplo de este debate sobre políticas públicas es un estudio sobre los efectos del ejercicio físico en la salud de la población, que demuestra que gozan de mejores indicadores los que practican ejercicio de forma regular.

Y ahora: ¿Sería una locura como política pública subvencionar a los gimnasios para garantizar la equidad de la población en el acceso al ejercicio físico?

COPAGOS

El profesor de la Universidad de La Rioja, Carmelo A. Juarez-Castelló, ha analizado las políticas históricas de contención del gasto sanitario, basadas en medidas sobre el precio -la P- (reducir el margen de laboratorios o farmacias, genéricos y precios de referencia o copagos), o sobre las cantidades – la Q- (listas de exclusión o de no inclusión, el euro por receta, la reducción de beneficiarios del sistema o los incentivos y mejoras de la prescripción).

Juárez Castelló ha explicado que las medidas aplicadas antes del Real Decreto de Ley 16/2012 estaban dirigidas a actuar sobre los precios, mientras que a partir de ese momento cambiaron para modificar la cantidad.

Así, ha destacado las listas negativas y la reducción de beneficiarios, como el ahorro en 873.000 beneficiarios menos en el sistema como consecuencia de la exclusión de los extranjeros irregulares.

Al igual que el resto de economistas de la salud de esta jornada, se ha cuestionado si esta serie de ahorros es buena para la salud y para el propio sistema, ya que en los últimos años el Estado español ha ahorrado en gasto farmacéutico, pero está aumentado en atenciones y en gravedad el gasto en las urgencias sanitarias.

«¿No estaremos derivando los ahorros por copagos a costes en las urgencias? ¿Y si estamos reduciendo consumos necesarios? ¿Hemos medido los efectos sobre la salud de estas medidas?», ha finalizado.