Ni tanto negocio ni tanta seguridad jurídica. Los empresarios del sector rebajan, con un baño de realidad, la expectativa sobre la ley para el aprovechamiento de la energía eólica en Cantabria que aprobaba este lunes el Parlamento autonómico.

Y eso que la ley incluye algunas de sus peticiones, como la de suprimir el canon por instalación de parques eólicos, en lo que ellos veían una tasa que frenaría su implantación.

El sector, pendiente de los recursos judiciales a la anulación del anterior concurso, sigue denunciando la inseguridad jurídica

Es uno de los principales cambios que experimentó el texto legal durante su tramitación, y este lo introdujo el propio PP, partido promotor de la ley, que también añadió otro cambio: esta legislación entrará en vigor de forma simultánea al plan energético en que trabaja el Gobierno de Cantabria, para finales de año o principios del próximo.

Esta medida obedece al objetivo de dotar al sector de la seguridad jurídica que tanto ha fallado en el pasado y que denunciaba el Partido Popular cuando se encontraba en la oposición.

Una inseguridad que supuso que bajo el anterior Gobierno PSOE-PRC se convocara el concurso eólico sin que se hubiera cambiado el plan energético (es decir, sin que cuadraran los cálculos de uno y otro documento), y que llevó, finalmente, a su anulación en los tribunales.

Pero el sector rebaja el nivel de expectativa levantado en torno a la ley, tal y como manifestaba en Buenos Días Cantabria el portavoz de la Asociación Eólica de Cantabria, José Antonio Merino.

A las empresas les hubiera gustado que la tramitación de la ley se hubiera aprovechado para «solucionar» todos los problemas que ha ocasionado la anulación por el TSJC del concurso eólico convocado y resuelto en la pasada legislatura.

Entonces se adjudicó una potencia de 1.400 megavatios (MW) de potencia a desarrollar en siete zonas, en lo que para los tribunales supuso una modificación en la práctica tanto del Plan de Energías Renovables (nacional) como del plan energético vigente entonces en Cantabria.

Los grupos empresariales adjudicatarios fueron Nuevas Energías de Occidente, Biocantaber, E.ON Renovables, Cantabria Generación, Eolican, Helican Desarrollo Eólico e Inder, que ya anunciaron tras la anulación del concurso que presentarían recurso.

«Pero no se nos ha hecho caso y lo cierto es que hoy en día todo lo que tiene que ver con la asignación de potencia a través del concurso eólico sigue siendo un problema para Cantabria», lamentaba el portavoz de los empresarios del sector.

SEGURIDAD JURÍDICA Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Merino advierte: los recursos presentados siguen en marcha, y «habrá que solucionar de alguna manera» las «justas» reivindicaciones de aquellos adjudicatarios del concurso, para que puedan ser indemnizados por los daños y perjuicios que les causó la anulación del proceso.

Es decir, el objetivo de la seguridad jurídica será difícil de mantener, teniendo en cuenta que quedan por resolverse procesos judiciales en marcha derivados de esos recursos, cuyos resultados podrían interferir en este nuevo proceso.

En cuanto a la parte empresarial, otro baño de realidad: si a la situación económica general y a los problemas de financiación por parte de una banca que está prefiriendo financiar a las Administraciones que a las empresas sumamos las trabas específicas al sector (la modificación de la normativa eléctrica, la retirada de las ayudas existentes y la implantación de tasa al autoconsumo de energías renovables) , el resultado es un «panorama complicado».

Y aunque en la Asociación intentan ser optimistas hacia el futuro, lo cierto es que el aire no sopla a favor del sector y lejos quedan ya los anunciados 2.000 puestos de trabajo.