El dinero que entra en los Campos de Sport de El Sardinero a través de las taquillas, con las entradas, o a través de los abonos, debe destinarse al pago de la «elevada» deuda que mantiene el club con sus distintos acreedores.

Es una obligación legal, tal y como se confirma en el auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santander, en el que decide la intervención judicial del club solicitada por Inmoarrabi.

Esta empresa inmobiliaria había planteado esta petición argumentando que el club había incumplido hasta tres medidas de embargo: el requerimiento para el ingreso en la cuenta de consignaciones de la cantidad obtenida por los derechos de los abonos; el embargo de los ingresos por taquilla; y los saldos en la cuenta del Banco Sabadell.

El juzgado le da la razón, en un auto en el que recuerda que ya se había solicitado, el pasado mes de abril, el embargo de los ingresos procedentes de la venta de entradas para los partidos, y en el que se detalla cómo se está procediendo al respecto.

Así, se relata como el Racing hizo tres ingresos por estos conceptos (de las correspondientes a tres jornadas), pero no realizó ninguno más ni presentó certificación de la taquilla de la última jornada de la pasada temporada ni de esta temporada hasta el día 13 de noviembre.

Para ese día, se presentó un escrito que reflejaba el ingreso de taquilla de 1.674 euros, correspondientes a los tres partidos del mes de septiembre de esta temporada.

Para el juzgado, este ingreso supone un cumplimiento «deficiente, parcial y tardío de la orden de embargo».

Es deficiente porque se «limita» a presentar un escrito con el importe de cada uno de los tres partidos, mientras que en otras ocasiones había presentado un nforme completo de recaudación, con el desglose por tipo de entradas vendidas, numero y precio.

Es parcial porque falta por aportar el informe y por realizar el ingreso de al menos la última jornada de la temporada anterior y de tres jornadas de la presente.

Y es tardío porque desde el pasado 4 de junio no se había efectuado ningún ingreso, y además, el último que se hizo fue provocado por la solicitud de administración concursal, no por la voluntad del club.

Por su parte, se había acordado también el embargo de los abonos y se pidió al Racing que especificara a cuánto ascendía su importa, así como que lo ingresara, tanto en la temporada 2012-2013 como en la 2013-2014, obligación judicial que tampoco se ha cumplido.

De modo que, como fórmula para garantizar el pago de los embargos, el juzgado aprueba la solicitud de administración judicial del club.

Una medida que el club tachó de desproporcionada e inoportuna, cuestionando que Inmoarrabi estuviera legitimada para plantearla.

El juzgado le replica contraponiendo lo «elevado» de la deuda, los «escasos» pagos y la «escasa expectativa» de que se puedan aportar ingresos procedentes de otros sitios para satisfacerla.

Al inicio de la liga, la Asociación de Peñas Racinguistas denunció la «caótica gestión organizativa» en varios aspectos, entre ellos la falta de control del tema de las entradas, sin un registro que permitiera un adecuado control legal.

Las funciones exactas de la administración judicial y la propuesta de nombre para ser el administrador que ha llegado a hacer Inmoarrabi quedarán para otra ocasión, ya que este auto se limita a acordar la administración. Las partes serán citadas a una comparecencia específica para este asunto.