Cuando las cosas van mal el primer impulso es siempre echar la culpa al otro, y si ese otro está por encima de nuestras cabezas, mejor.

El mensaje de que la crisis viene dada por los desmanes de “papá” Estado, siempre mal gestionado por el adversario político, está constituyendo la principal coartada para que el amigo liberal imponga sus recetas.

Dejemos lo discutible de la premisa mayor de este razonamiento, aunque nunca está de más recordar que el origen de esta endiablada crisis tiene más que ver con bancos irresponsables, tiburones financieros y voraces especuladores campando a sus anchas en el hábitat del laissez faire creado por el neoliberalismo.

A lo que voy es que ahora la culpa de todo no la tiene Yoko Ono, como decía Def Con Dos, sino el Estado sobredimensionado, las administraciones manirrotas, la ingobernable masa de trabajadores públicos, ineficaces por naturaleza y poseídos por el espíritu de Bartleby y su máxima de “preferiría no hacerlo”.

Y ante ese deprimente escenario, ¡Eureka!, la varita mágica se agita para crear una pragmática solución: la privatización de los servicios públicos. Perdón, quise decir la privatización de la gestión de dichos servicios… en que estaría pensando.

A mí siempre me ha parecido que ese instrumento encierra una fundamentación perversa que debería avocar a la dimisión a aquel que la ejerce.

El razonamiento parece ser: como la administración es ineficaz gestionando, carguémonos la administración y pasemos la gestión al sector privado, que esos si que saben.

Pero no se llega al segundo paso: si la administración es ineficaz, ¿no será porque sus responsables políticos son incapaces de hacer que lo sea? Y por lo tanto, ¿no deberían dimitir ante tan explícita declaración de incompetencia? ¿Dimitir? ¡Alerta roja! ¿Eso no era un nombre ruso?

No, el argumentario liberal imperante (no sólo en el PP), no va por ahí, todo lo contrario. Inciden en que la gestión privada es la opción más coherente que puede tomar un servidor público comprometido con la eficiencia y el equilibrio presupuestario, verdadero mantra político plasmado ya en las sagradas escrituras constitucionales.

Por eso el afán privatizador se ha apoderado de muchos dirigentes y con especial celo en Madrid. Precisamente la capital del reino nos ha dado una lección de la dejación de funciones más cristalina que lleva aparejado estos comportamientos, con la huelga de los trabajadores de la limpieza.

CON UN PALILLO EN LA BOCA

Imagino un comienzo muy castizo de esta historia. Un tipo con un palillo en la boca que afirma con rotundidad, mientras se rasca las partes pudendas: “esto lo hago yo con mucho menos presupuesto”.

Cámbiese el atuendo por impolutos trajes italianos, y óbviese la posible peregrinación, sobre en mano, a la sede del partido político correspondiente.

El caso es que el responsable político accede a la tentación de la externalización, total, más ahorro y menos quebraderos de cabeza.

Algunos lo hacen por pereza, otros por razones ocultas (Dios, como me suena esto a “Los Soprano”), incluso habrá quienes lo hagan por convicción política.

Pero el caso es que cada vez ocurre más y pese a que todos repiten que la calidad de los servicios públicos no se resiente, los datos apuntan a lo contrario.

La ecuación es simple, menos personal y peor pagado, menos medios, en definitiva, con menos presupuesto es complicado que se garantice la calidad del servicio. Como esto es una carrera de fondo, al principio no notaremos la diferencia e incluso observaremos algunas mejoras. Pero está claro que no es un sistema sostenible.

Con el conflicto de la limpieza en Madrid lo hemos visto claro: las empresas adjudicatarias pujaron en el concurso por un monto un 16% más bajo del presupuesto previo. El anuncio de recortes de sueldo y personal no tardó en llegar y con él un conflicto laboral de primera magnitud que afectó al servicio público que prestan.

Y cuál es la primera reacción de la alcaldesa: decir que es un conflicto entre la empresa y sus trabajadores.

Pero entonces, ¿quién garantiza el servicio público? ¿Quién vela por el bienestar del ciudadano? ¿El señor del palillo? ¿Y quién es él? ¿Un altruista, un benefactor público, un filántropo convencido? Y lo que es peor, ¿qué queda de lo que era un servicio público de titularidad municipal?

La crisis fue resuelta con relativa rapidez y pasmosa sencillez, por la presión del partido político de la alcaldesa, que vio peligrar la espina dorsal de su modelo de gestión pública, ya de por si cuestionada por los ciudadanos, los empleados públicos y los tribunales.

Pero no debemos de perder de vista el episodio, porque quizá sea premonitorio de lo que está por llegar cuando nos hagan interiorizar este tremendo cambio de sistema.

El señor del palillo ha perdido una batalla, pero no la guerra, y me da la impresión de que ya rumia su venganza.