Paradójicamente, la anunciada Ley de Seguridad Ciudadana está provocando bastante inseguridad entre muchos ciudadanos sobre el futuro que tendrán las acciones de protesta, reivindicación y manifiesto, que quedarán sometidas a fuertes sanciones si prospera el texto presentado por el Ministerio del Interior.

Una preocupación que está llevando a un intenso nivel de organización para hacerlo frente, y que se está canalizando bien a través de iniciativas de movimientos sociales organizados o bien de ciudadanos a título particular.

Todo con la vista puesta en la convocatoria de este sábado en Madrid: una nueva edición de ‘Rodea el Congreso’, en una cita que cobra especial relevancia toda vez que es uno de los tipos más penalizados en la nueva versión, aún no vigente, de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Paco Gómez Nadal, periodista y activista

Y que tiene su propia concreción en Cantabria, con una manifestación específica en Castro Urdiales, con movimientos para crear una plataforma en Torrelavega, y con una asamblea en la librería La Vorágine (Santander), cuyo propietario, el periodista y activista Paco Gómez Nadal, se enfrenta este miércoles al juicio derivado de su participación en una protesta en una oficina bancaria en la capital del Besaya,

Porque últimamente parece que todo pasa, de algún modo, por Torrelavega, especialmente resentida de la crisis económica (con el cierre de Sniace como máximo ejemplo).

Allí se están dando los primeros pasos para conformar una plataforma, con una fuerte impronta ciudadana, preocupada ante el cariz que está tomando la reacción a las protestas, en la misma ciudad en la que se sancionó a los activistas (sin identificarles) de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que participaron en el escrache al todavía alcalde, Ildefonso Calderón, del Partido Popular, el pasado mes de abril.

Torrelavega fue el escenario de la protesta en la que participó Paco Gómez Nadal, y por la que se enfrenta este miércoles al juicio por resistencia a la autoridad, denunciado tras participar en la protesta en una oficina bancaria de la ciudad el pasado mes de septiembre.

Gómez Nadal, con un historial de activismo que le ha llevado a sufrir represalías en otros momentos de su trayectoria, es el responsable de la librería La Vorágine, concebida como un espacio de cultura crítica que este viernes 13, a las 19.30 horas, acogerá la Asamblea en Defensa de las Libertades Democráticas y contra la represión, promovida por personas “a título individual”.

LA SEGUNDA VUELTA DE LAS REFORMAS

En la convocatoria a ese encuentro, abierto a todos los ciudadanos que quieran participar, se advierte de que esta actitud contraria a las protestas se fundamenta en que está a punto de abordarse la “segunda vuelta” de las reformas laboral y de las pensiones, junto a nuevos rescates y privatizaciones.

Y que para “recomponer su imagen como eficaces gestores de la crisis se proponen acallar la calle, silenciar las movilizaciones, y amordazar las protestas”, a través de la citada Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras medidas que enmarcan dentro de “un proceso de verdadera involución democrática, de recorte de las más elementales libertades de expresión y manifestación”-

En la misma línea, Castro Urdiales se movilizará este sábado “Contra la nueva dictadura”, como considera todo lo que está sucediendo Castro se Mueve, el grupo de trabajo que integra a los movimientos sociales de la localidad castreña, donde confluyen ramificaciones locales de las plataformas contra los desahucios o las preferentes, junto a colectivos como el que representa a los parados del municipio.

Todos están convocados a una manifestación que partirá a las 12.30 horas de La Barrera y que tiene entre uno de sus principales motivos la lucha contra una Ley de Seguridad Ciudadana “cuyo único objetivo es el de reprimir, silenciar y amedrentar a los ciudadanos limitando su derecho constitucional de manifestación”.

En la convocatoria, se pide que se acabe con la política de recortes y privatizaciones en servicios públicos, se reclama una auditoría de la deuda pública “iegítima” y se carga contra los excesos del sector financiero.

Además, se critica el papel de un Gobierno “cuyo partido se ha visto envuelto en casos de corrupción, la misma que mancha a muchas instituciones políticas así como a grandes empresas y poderes financieros”, pero también contra la reforma del artículo 135 de la Constitución “que impuso el PSOE”

SEGURIDAD CIUDADANA, SEGURIDAD PRIVADA

Entre otras medidas, la ley de seguridad ciudadana saca del ámbito penal para derivar a lo administrativo algunos tipos que estaban siendo resueltos por los jueces a favor de los movimientos sociales, protegiendo ante todo el derecho de manifestación.

Con ella, según denuncia el manifiesto que convoca a la asamblea en La Vorágine, “se propone la criminalización generalizada de la movilización social, considerando conductas delictivas cualquier resistencia a la represión, la desobediencia a la autoridad de la policía e incluso de la seguridad privada o el apoyo o difusión de manifestaciones que la autoridad considere (de manera arbitraria) que alteran el orden público”.

En cuanto a la Ley de Seguridad Privada, en ella se equipara prácticamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las empresas de seguridad privada, contemplando fórmulas de coordinación y de colaboración público-privada, y abriendo al espacio público competencias a la seguridad privada, que podrá identificar y detener en la calle.

A esto suman en el manifiesto de La Vorágine “el aún poco definido” proyecto de Ley de Servicios Mínimos, que nace “con la clara intención de convertir la huelga en un arma descargada e inútil” al ampliar los servicios minimos.

PROTESTAS SANCIONADAS

En los últimos tiempos en Cantabria se están acumulando ya una buena cadena de antecedentes de castigos a activistas de todo tipo implicados en protestas

A este fin respondió, por ejemplo, el concierto ‘Rap contra la represión’, celebrado recientemente en Santander, organizado por el colectivo cantabrista Regüelta para recaudar fondos que sirvieran para el pago de las multas que se les impusieron a varios de sus militantes en la huelga general.

En la huelga general también se sancionó a otros dos activistas, uno de ellos de Izquierda Anticapitalista, por un incidente con la Policía, por el que la Fiscalía les pide 16 meses de prisión y multa de 4.000 euros.

Jornadas de huelga que están dando mucho de sí, ya que las sanciones se dirigieron no sólo a activistas de movimientos más alternativos, sino también a organizaciones de un corte más tradicional.

Y así, la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, ha sido juzgada, acusada de colocar chinchetas en la carretera a la salida de Mercasantander, cargos que ella negó y por el que se le pidieron 21 meses de prisión.

Al margen de esto, Oscar Manteca, militante del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander (uno de los históricos del 15M en la capital), pasó este verano una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar, hace un año, en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a un curso de la UIMP. La condena fue por los “insultos” al ministro.