Como cada año, César Tolosa convoca a  la prensa a un desayuno en Las Salesas. Café, zumo, algo de repostería y muchas preguntas. El encuentro con los medios es a las 10 de la mañana. Nosotros llegamos tan pronto como podemos, después del Buenos Días Cantabria. Pero la rueda de prensa está terminando. Se apagan las grabadoras y la conversación sigue girando en torno al Racing, la noticia de la semana en los tribunales, por el auto del juez Goñi; las reacciones de decepción e indignación, entre otras, del diputado Iñigo Fernández y del futuro propietario Jacobo Montalvo; y por el comunicado de respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). En la sala no se habla, todavía, de la presentación de la querella de CANTUR, que se acaba de registrar escasos minutos antes.

Será a buen seguro otro juicio mediático, pero el presidente del TSJC, César Tolosa, lleva más de tres décadas en la judicatura. Por eso, también, ha entendido la importancia de la relación con los medios para llegar a la sociedad, y aunque llegamos fuera de control, nos concede amablemente un rato de conversación en su despacho.

Tenemos que hablar del Racing, pero también de las preferentes, los desahucios, la cuestionada independencia del poder judicial, la relación con otros poderes del estado, la saturación de los juzgados en tiempos de crisis… Así que, sin tiempo que perder, plantamos el micrófono, le damos al REC, y arrancan las preguntas.

.- Estamos viendo, al hilo de la crisis, que la Justicia está siendo el último recurso para mucha gente. Preferentes, desahucios, problemas mercantiles… Mucha gente esperando que la Justicia solucione lo que no les ha solucionado la política  ¿Cuál es el papel de la Justicia en estos momentos?

.- El papel de la Justicia debe ser siempre el mismo, la tutela de los derechos de los ciudadanos. Lo conveniente es que lo desempeñemos en unos tiempos razonables. Cuanto más rápida es la Justicia los resultados son mucho más convenientes para el conjunto de la sociedad. Es lo que hemos pretendido hacer en una situación de crisis económica, en la que se está demostrando que los derechos de algunos colectivos más vulnerables necesitaban una urgente protección. Y desde los tribunales hemos tratado, con los medios a nuestra disposición, de dar una respuesta a esa demanda ciudadana. Lo más rápido y eficaz posible.

.-  ¿Cómo va el Juzgado de las ‘Preferentes’?

.-  El juzgado de las preferentes está funcionando razonablemente bien. Está teniendo un ingreso de demandas por encima de nuestras estimaciones iniciales. Probablemente seguirá funcionando por un tiempo para dar respuesta, y el tiempo de resolución está siendo rápido. Sí que está teniendo un efecto colateral, y es que se están alcanzando un buen número de acuerdos sin necesidad de llegar a sentencia, lo que demuestra que cuando la Justicia es rápida las partes se dan cuenta de que tienen que buscar soluciones. Esto es bastante beneficioso para el funcionamiento de un país.

.-  ¿Y el Mercantil?

.- Lo conveniente sería la existencia de un segundo Juzgado de lo Mercantil, al menos mientras la situación económica siga por estos derroteros. En 2012, Cantabria, junto a Cataluña, fue la comunidad autónoma donde más crecieron los concursos de acreedores, con un incremento del 69%. Pero los dos jueces que están trabajando están haciendo un excelente trabajo.

.- El cambio de titular, de la juez Mar Hernández al juez Carlos Martínez de Marigorta, ¿Ha podido dilatar los procedimientos?

.- Sinceramente creo que no. La juez que estaba antes era una magnífica profesional y los dos jueces que están ahora son unos magníficos profesionales. No creo que se note. Evidentemente puede haber un periodo mínimo de adaptación, pero el problema no es el titular sino los medios de que dispone y la litigiosidad que se plantea

.- ¿Sigue siendo una petición al Ministerio la creación de un Juzgado de lo Mercantil nº 2?

.- Es una petición permanente, al igual que el Juzgado nº 7 de Torrelavega. Pero somos conscientes de que llevamos un tiempo sin que se cree ninguno en España y el año que viene seguiremos con la misma tendencia. No nos queda otra que seguir trabajando y hacer frente a los litigios crecientes con los medios que tenemos. Pero como me gusta recordar, en Cantabria la litigiosidad no ha descendido, los medios no han mejorado, pero los asuntos pendientes son bastantes menos que hace cuatro años. Lo que está sucediendo es que se está trabajando más. Es conveniente que la sociedad lo conozca y reconozca el trabajo de los jueces y de todos los que integran la administración de Justicia en Cantabria.

.- Vemos que por parte de otros poderes se respeta poco a la administración de Justicia: El Plan de Derribos pretende esquivar las sentencias; en el Alto del Cuco, la sentencia culpa al Ayuntamiento, pero el Gobierno asume la indemnización; en Torrelavega, un juez no ve delito en el escrache a Calderón, pero la Delegación del Gobierno impone multas posteriores a los manifestantes; en Canal Nou, la Justicia tumbó un ERE y el Gobierno cerró la tele. Incluso las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana se llevan a la administración conductas que antes eran faltas en el Código Penal.

.- Son casos diferentes todos. La Ley de Seguridad Ciudadana recoge conductas que se habían destipificado en la reforma del Código Penal. Si no se incluyen en la Ley de Seguridad Ciudadana habría determinadas conductas que quedarían despenalizadas. Cambia la naturaleza de la infracción, pasa a ser administrativa, y después puede ser objeto de control de los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En el escrache de Torrelavega el juez entendió que no había responsabilidad penal, pero la Delegación del Gobierno entendió que sí había responsabilidad administrativa, en el ejercicio de sus competencias, en el ejercicio de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una decisión del Delegado del Gobierno, desconozco si se ha recurrido o no a lo contencioso-administrativo, y en su caso el juez dictará sentencia.

En el caso de Canal Nou, la decisión de la Generalitat es un ERE por causas económicas al amparo de la Reforma Laboral. El tribunal lo echa atrás y la Generalitat decide extinguir la propia corporación pública. Es una decisión diferente pero tampoco supone un incumplimiento de la sentencia, sino buscar una finalidad por una vía distinta. Evidentemente, yo no tengo nada que manifestar cuando las administraciones cumplen las sentencias, y después logran la misma finalidad que pretendían, siempre que actúen dentro de la legalidad. Con carácter general, hay que respetar escrupulosamente las sentencias. Un país democrático se caracteriza por el cumplimiento de la Ley y la aplicación de las sentencias. Cuando eso no es así, estaremos ante un Estado de Derecho que no es tal.

.- ¿Y el Plan de Derribos?

.- Si lo entendemos  como una forma de impedir la ejecución de sentencias no es admisible. Hay que entenderlo como una alternativa del Gobierno a la ejecución de sentencias. Lo pone a disposición de los tribunales y la sala de lo contencioso decidirá. Si no se ajusta a sus sentencias, la sala tendrá que continuar con el cumplimiento de las sentencias. El Plan de Derribos no es una vía indirecta para eludir las sentencias; busca la alternativa menos perjudicial para los intereses de los adquirientes de buena fe, que están en situación de indefensión jurídica.

.- Pero sí que hay una tentación de posponer el cumplimiento de algunas de las sentencias.

.- La tentación existe siempre, es algo con lo que tenemos que contar y pone de relieve una de las carencias de la legislación española, que es poner más medios coactivos a disposición de los jueces de cara a que la Justicia sea más eficaz. Porque una Justicia que no logra la ejecución de sus sentencias se queda a medias.

.-  Estamos viendo algo poco habitual: mucho ambiente de manifestación y reivindicación en los juzgados ¿Las protestas dentro de la judicatura son un paso al frente del mundo de la Justicia para protegerse de ciertas amenazas, como las tasas o la politización del Poder Judicial?

.- Se está produciendo un fenómeno normal, que es la integración de los profesionales de la Justicia en el conjunto de la sociedad. Una crítica que se nos hacía era que vivíamos muy apartados del mundo social. Yo llevo 31 años en la judicatura y no creo que fuera así, pero pudiera ser cierta. Lo admito perfectamente.

Tenemos que ser conscientes de que los jueces somos la personificación de un poder estatal, y tenemos una serie de limitaciones por ese poder que la Constitución nos otorga. Pero es absolutamente razonable que los jueces tienen derechos y pueden hacer oír sus voces. Los jueces no están reivindicando su estatuto profesional; sino la mejora de la administración de Justicia. Se protesta contra la Ley de Tasas o el funcionamiento del CGPJ. Es una voz de alarma, porque algunas de las cuestiones están funcionando de forma defectuosa.

.- Hay una percepción generalizada de que hay continuas injerencias en el poder judicial.

.- Esencialmente el poder ejecutivo tiende a ocupar los vacíos en el resto de poderes, en el legislativo y en el judicial. La tentación existe, y se puede concretar en determinadas acciones políticas que tratan de socavar la independencia de los jueces. Por tanto, dar la voz de alarma es un ejercicio de responsabilidad por parte de los jueces. No son medidas que se exterioricen de una forma clara y contundente; se hace de una forma indirecta, solapada, matizada… Generalmente, mediante instrumentos de naturaleza legislativa. El control de las leyes es más difícil, y está en el Tribunal Constitucional.

En relación con la propia configuración del CGPJ hay dos visiones: los que creemos que sería conveniente que los políticos intervengan lo menos posible, y aquellos que consideran que por legitimidad democrática, la intervención del Parlamento, y por ende de los partidos políticos, es una manifestación más del funcionamiento del Estado Democrático.

.- El Racing ha trascendido lo deportivo. PP, PRC y PSOE en el Parlamento y en el Ayuntamiento suscribieron un viernes el manifiesto de las peñas y los pequeños accionistas,  para pedir el cese del Consejo de Administración del Racing, cuando el juez tenía que tomar la decisión el lunes ¿Lo consideran los jueces una presión?

.- No voy a llamarle presiones, pero sí este tipo de conductas que tratan de predisponer al juez en un determinado sentido, haciendo ver que el sentir social va por un determinado camino y sugiriendo que la resolución judicial se adapte a los intereses de un determinado grupo, es una realidad que se produce diariamente.

Lo conveniente sería que no se produjera, pero a mí lo que me preocuparía es que tuvieran éxito. En el caso que se plantea no ha tenido éxito. Por eso la reacción tan virulenta. El juez Goñi es un magnífico profesional y una excelentísima persona.

.- De ese auto – interventor judicial limitada al control de las taquillas y los abonos-, ¿Debemos entender que la Ley es muy garantista?

.- No, lo que podemos entender es que para que a alguien le priven de su propiedad, la ley establece una serie de requisitos es muy importante. Se está hablando de desapoderar a los propietarios de una empresa. Y una medida de esa naturaleza, de ahí la proporcionalidad de la que habla el auto judicial, la privación de la propiedad sólo se puede adoptar en casos graves, en relación con el supuesto concreto.

(Tolosa eleva un poco el tono) Porque el juez no puede juzgar todas las cuestiones alrededor del asunto sometido a su enjuiciamiento. El juez no puede entrar a resolver otras cuestiones, porque no se le han planteado por las partes y pueden afectar a otras personas, que seguramente no están en el proceso, y que pudieran verse perjudicadas.

En este caso, había un supuesto entre dos partes perfectamente determinadas, una de las cuales pedía medidas para garantizar el cobro de sus créditos. El juez ha entendido que con la medida adoptada, que permite controlar los ingresos para poder hacer frente a los pagos, era suficiente.

Si esa medida alguien considera que es perjudicial al Racing, no deberá exigir responsabilidades al juez, sino a aquel que solicitó la medida de retener los ingresos para el pago de sus deudas en lugar de a otras cuestiones. A veces se pierde un poco la perspectiva de lo que se está analizando

.- ¿Podrían personarse más partes en ese mismo proceso?

.- ¿Por qué no? Todas las partes que son acreedoras podrían pedir soluciones análogas. Son las que están legitimadas. Estamos hablando de relaciones económicas y comerciales, no de sentimiento. Esa es una cuestión diferente, aunque muy respetable.

César Tolosa, presidente del TSJC.

EL TSJC ESPERA LA RESPUESTA DE BAHREIN AL REQUERIMIENTO ENVIADO A ALI SYED

El concurso de acreedores del Racing no está paralizado, ni en la cola del único Juzgado Mercantil de Santander, que está sobrecargado, sino que está a la espera de que las autoridades de Bahrein respondan al requerimiento internacional efectuado por Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para tratar de localizar al indio Ahsan Ali Syed, que junto a Francisco Pernía, están acusados formalmente desde hace un año por la Fiscalía, que les pide que devuelvan 4,9 millones de euros, en el mismo sentido que el informe de los administradores concursales.

En declaraciones a El Faradio, el presidente del TSJC, Cesar Tolosa, ha asegurado que el concurso de acreedores del Racing no está paralizado sino a la espera de que las autoridades de Bahrein respondan al emplazamiento, que ha sido remitido “hace tiempo”.

Y ha explicado que “mientras no haya una respuesta no sabemos si ha tenido efectos positivos o negativos”, y, “en principio”, mientras haya “un ciudadano implicado cuyo patrimonio sea afectado, la obligación de los tribunales es darle la oportunidad de que se defienda”.

Por lo tanto, habrá que esperar a la respuesta de Bahrein “salvo que las partes quieran realizar una conducta procesal diferente”.

En este momento, se desconoce donde se encuentra Ali Syed y se está intentando localizar al empresario que compró el Racing en el último domicilio conocido “para poderle emplazar, que tiene derecho a ser emplazado”, como ha enfatizado Tolosa.

Y en cuanto las autoridades de Bahrein den respuesta “acerca de si ha podido ser o no localizado Syed” se notificará a las partes para que estas puedan solicitar “lo que estimen conveniente”.