||PREMIOS EL FARADIO AL ESPÍRITU CRITICO|| ||CATEGORÍA MOVIMIENTOS|| No está aprobada aún y ya hemos visto algunos leves indicios sobre lo que puede pasar, multiplicado, si empieza a aplicarse.

Multas, condenas y juicios con los que han tenido que lidiar algunas de las personas con más presencia en la calle en Cantabria se han constituido durante 2013 en avisos a navegantes de las consecuencias de reivindicar fuera de los cauces establecidos.

Con el agravamiento de la crisis y la política de recortes, lo de protestar ha dejado de ser cosa de minorías y ha alcanzado a capas más amplias y representativas.

María Jesús Cedrún (sindicalista), condenada a una multa; Paco Gómez Nadal (periodista, librero), absuelto, pero que tuvo que pasar por un juicio; y Oscar Manteca (activista), que ha pasado una semana de arresto domiciliario.

Motivos no faltan: desahucios, preferentes, la situación de la educación pública, la preocupación por el hospital Valdecilla, el cierre de fábricas emblemáticas como Sniace…

LEYES QUE SUMAN PREOCUPACIÓN

Durante 2013 muchos cántabros se han echado a la calle preocupados por todo lo que está pasando.

Y los que más lo hacen suman otro motivo de preocupación: la criminalización de las protestas que supone la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, sumada a la irrupción del sector privado que supone la Ley de Seguridad Privada.

Con la primera, se elevan las sanciones por participar en actos de protesta, a medida de las nuevas acciones reivindicativas post 15M: desde el escrache hasta los Rodea el Congreso; y las sanciones se sacan del ámbito judicial para pasar, directamente, al campo administrativo: será la propia Administración la que decida si los que protestan contra sus decisiones deben ser multados.

Con la segunda ley, ya aprobada, los agentes de seguridad privada ven ampliadas sus competencias y podrán realizar identificaciones en calles y espacios públicos.

ALGUNOS CASOS

Como en muchos otros casos, Torrelavega, por lo virulento de la crisis, está marcando el camino: allí están pendientes juicios a activistas de Izquierda Anticapitalista por su participación en la huelga general, allí se produjeron los incidentes en la protesta por la carrera nocturna de E.on que sirvió para que se tachara de “violenta” la actitud de sólo una de las partes implicadas en ellos (las de los manifestantes), y allí fue la acción por la que se llevó a juicio a Paco Gómez Nadal.

Sobre todo, allí fue el escrache al (todavía) alcalde, Ildefonso Calderón, por parte de activistas antidesahucios. Es uno de los casos que mejor ejemplifica lo que puede pasar: una sentencia judicial les absolvió, pero luego les llegaron sanciones de la Administración que, además, se les impusieron sin identificarles en ese momento, ya que se recurrió para hacerlo a fotos de ellos con las que se cuenta en dependencias policiales pese a que no estaban fichados.

Oscar Manteca, de espaldas, en una de las primeras protestas del 15M en Santander

María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT Cantabria, fue condenada a una multa de cien euros por arrojar clavos a la calzada en la huelga general (en unos hechos que ella siempre había negado) y en los que al final se produjo una rebaja en la petición de penas que se planteaba inicialmente, y que rondaba los 30.000 euros de multa. La condena se impuso en base a los testimonios de la Policía, con presunción de veracidad, y desechando los de los de otros sindicalistas presentes.

En el caso de Paco Gómez Nadal, periodista y activista, impulsor de la librería La Vorágine, tuvo más suerte: ha resultado absuelto de la falta de resistencia autoridad a la que se le acusaba por participar en una protesta en una oficina bancaria en Torrelavega. Resultó determinante un vídeo que desmontaba la tesis policial, que en un primer momento le llegó a acusar de un delito que ni siquiera está aprobado, el de resistencia pasiva.

Uno de los casos más significativos es el de Oscar Manteca, militante del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander (uno de los históricos del 15M en la capital), que pasó este verano una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar, hace un año, en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a un curso de la UIMP.

La condena fue por los “insultos” dirigidos al ministro, pese a que se alegó que no fueron a título personal, sino por la condición de responsable de las políticas de Educación, las que le llevaron a la aprobación de la LOMCE.

LA RESPUESTA

Ante esta situación están empezando a articularse las primeras formas de hacer frente a la preocupación por la Ley de Seguridad Ciudadana.

En Torrelavega se ha creado ya una plataforma contra la represión, en Castro Urdiales se convocó una manifestación contra la “nueva dictadura” y un grupo de ciudadanos ha empezado a articular una plataforma específica en defensa de las libertades.

Los activistas se temen que la criminalización de las protestas se debe a que se esté planteando una “segunda vuelta” en las medidas políticas y económicas, cuando ya se avisa de otra reforma laboral y de las pensiones.