Gerardo Pombo (Foto: RFEV)

Los tribunales han desmontado la armazón con la que Gerardo Pombo trató de vestir lo que en la práctica era una autocontratación: la Federación Española de Vela que presidía este santanderino le contrató como director del Mundial Santander 2014 (con una retribución de 60.000 euros anuales) tres meses antes de que expirase su mandato al frente de esta entidad deportiva y cuando se encontraba en funciones.

El principal argumento que manejó Pombo para disfrazar esa autocontratación fue que en realidad la firma la hizo otra persona en nombre de la Federación (en concreto, el vicepresidente, el también santanderino Pedro Labat, que fue su hombre fuerte en la organización deportiva durante todo su mandato y además hasta el año pasado presidente del Club Marítimo de Santander).

El problema estriba en que no hay documentos que autorizaran a Labat la función de contratar, que correspondía al presidente (a Pombo, con un poder que los fallos judiciales califican de «omnímodo»).

Es más, la celebración de reunión en la que se hablaba  de ese trámite ha sido negada expresamente por alguno de los participantes, y de hecho no consta ningún acta del citado encuentro, tal y como acaba de confirmar el TSJC en un fallo consultado por El Faradio. La competencia de las actas de la Federación le correspondía al propio Pombo.

Desde la presidencia de la Federación de Vela, que ocupó de 2000 a 2012 (hasta que legalmente no pudo presentarse más), Gerardo Pombo se atribuyó las negociaciones para conseguir que el Mundial de Vela (una de las grandes apuestas para la capital cántabra en este 2014) se celebre en Santander.

De la Federación de Vela depende también el Comité Organizador, que en los dos últimos años de gestión de Pombo (2011 y 2012) urgió a dejar todos los contratos relacionados con el Mundial firmados antes del 1 de enero de 2013.

Entre ellos, el del propio Pombo, que se firmó el 21 de septiembre de 2012 seis días antes de que se convocaran las elecciones en la Federación de Vela, y apenas tres meses antes de que expirase su mandato, que no podía prolongarse más.

El TSJC entiende que para evitar el mal de la autocontratación y el conflicto de intereses al que se enfrentaba Pombo, se acabó incurriendo en algo peor, en un “fraude de ley”, apuntado por el Juzgado de lo Social número 5 de Santander, ratificado ahora por el TSJC y del que el único paso que quedaría ya para probar lo contrario sería un recurso ante el Supremo.

EL CONTRATO

El contrato, con fecha 21 de septiembre de 2012 (en diciembre se acababa su mandato), incluía una retribución de 60.000 euros brutos al año distribuidos en 12 pagas, además de coche cedido por la Federación, medios materiales e indemnizaciones.

En caso de despido antes de la fecha prevista, si ese despido era declarado improcedente, la Federación de Vela debía indemnizarle por todo lo que le quedara por cobrar.

Cuando se produjo el relevo en la Federación, el nuevo equipo vio el contrato y no quiso hacerse cargo de él, sin llegar a iniciarlo ni a darle de alta en la Seguridad Social, lo que llevó a Pombo a denunciar su situación laboral.

No fue posible el acuerdo en el ORECLA (el organismo de intermediación para conflictos laborales), y los tribunales no le dieron la razón, ni a la primera, ni a la segunda. Le queda recurrir ante el Tribunal Supremo.