El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la empresa pública CANTUR contra los responsables de la venta en enero de 2011 del Real Racing Club de Santander al indio Ali Syed, por una pérdida patrimonial de seis millones de euros (5.966.867 euros).

La querella de CANTUR acusa al el exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, el exconsejero de Economía y actual presidente del PSC-PSOE, Ángel Agudo, el exresponsable de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP Cantabria) y del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Luis Egusquiza, y el administrador solidario de la mercantil Dumviro Ventures S.L., Jacobo Montalvo.

En el auto, el TSJC se declara competente para investigar y acepta todos los tipos delictivos que apunta la querella: malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario (en los casos de Marcano, Agudo y Egusquiza), y de cooperación necesaria para la acusación de Montalvo.

Considera que la querella reúne los requisitos de «fundabilidad», según el relato de los hechos y la documentación aportada por CANTUR,  y de «verosimilitud», a partir de la «abundante documentación pública y privada de los distintos elementos, nucleares y colaterales, de los hechos históricos denunciados».

Según el auto, los hechos y documentos de la querella reflejan que, con ocasión de un contrato entre dos sociedades mercantiles privadas (Dumviro Ventures – Montalvo- y WGA Sports – Ali Syed-) los responsables de CANTUR consintieron una «pérdida«, «directa e inmediata», de 1,39 millones de euros, y un «deterioro patrimonial«, «indirecto y mediato», de 4,57 millones.

Esto fue así, siempre según los querellantes, por  la «renuncia«, «tampoco justificada», de unas «garantías previas vinculantes”.

«Actuaciones estas que, a tenor de la documentación y el relato de hechos colaterales, habrían supuesto un beneficio injustificado para terceros«, concluye la Sala de lo Penal del TSJC que, de todo lo expuesto, considera que «se infiere la existencia de unas conductas compatibles, a nivel indiciario, con los supuestos de hecho de las normas penales en cuestión».

El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, firmado por el presidente de la institución, César Tolosa, el magistrado ponente, Juan Piqueras Valls, y la magistrada Paz Hidalgo Bermejo, declara su competencia para la instrucción, y en su caso enjuiciamiento de esta causa, toda vez que una de las partes acusadas está aforada (López Marcano sigue siendo diputado del PRC en el Parlamento de Cantabria).

Finalmente, admite a trámite la querella, da traslado a la Fiscalía y a las partes, y pasa la causa al Instructor delegado del Tribunal que por turno corresponda, para que de curso a la investigación pertinente.

Contra la decisión cabe recurso de súplica, en los próximos tres días.