La Asamblea por las Libertades y Contra la Represión, constituida ante la preocupación por la criminalización de las protestas que supone la combinación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Pública, celebra este viernes su segundo encuentro de trabajo.

La reunión se produce un día después de que un activista de la PAH de Santander resultara herido por la Policía al intentar frenar un desahucio en Nueva Montaña, y en la semana en que toda España ha mirado hacia las protestas de los vecinos del barrio Gamonal, en Burgos, que han suscitado muestras de apoyo en todo el país.

El primero de los encuentros de este grupo ciudadano fue a mediados de diciembre, y ahora se produce una segunda cita en la que se expondrían líneas de trabajo e ideas de futuro para este colectivo.

El movimiento surgió ante la preocupación de un grupo de ciudadanos por la criminalización de las protestas sociales que derivará de la aplicación de las nuevas leyes del Gobierno central, que incluyen elevadas sanciones económicas a las nuevas formas de reivindicación surgidas tras el 15-M (como los escraches o los Rodea el Congreso, por ejemplo), y que además saca del ámbito judicial muchos supuestos para dejarlos, directamente, en manos de la propia Administración contra la que se protesta.

Manifestación contra los desahucios

En Cantabria, además, se han dado distintas situaciones que han afectado tanto a activistas como a agentes sociales, y que pueden verse como avisos o antecedentes de lo que podría pasar cuando entre plenamente en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana.

Recientemente, María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT Cantabria, ha sido condenada a una multa de cien euros por arrojar clavos a la calzada en la huelga general (en unos hechos que ella siempre ha negado) y en los que al final se produjo una rebaja en la petición de penas que se planteaba inicialmente, y que rondaba los 30.000 euros de multa.

En la misma línea, Paco Gómez Nadal, periodista y activista impulsor de La Vorágine, resultó finalmente absuelto de una falta de alteración del orden público por participar en una protesta en una oficina bancaria en Torrelavega, pero el juicio llegó a celebrarse y en un primer momento se le quiso aplicar un tipo penal previsto en la Ley, que aún no había sido aprobada.

En Torrelavega, se impusieron sanciones a activistas de la PAH que el pasado mes de abril participaron en el escrache a Calderón, decididas desde la Administración después de que una sentencia judicial las descartara y sin que se identificara a los participantes, reconocidos a través de una serie de fotos de ellos con que, según se admitió, cuentan los cuerpos de seguridad.

También en la capital del Besaya, durante la última huelga general también se sancionó a otros dos activistas, uno de ellos de Izquierda Anticapitalista, por un incidente con la Policía, por el que la Fiscalía les pide 16 meses de prisión y multa de 4.000 euros.

Al margen de esto, otro caso siginificativo en Cantabria es el de Oscar Manteca, militante del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander (uno de los históricos del 15M en la capital), que pasó este verano una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar, hace un año, en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a un curso de la UIMP. La condena fue por los “insultos” al ministro.