El megacontrato de Valdecilla tiene «riesgos» de «quebranto», que podría ser «casi irreparable», tanto para el Gobierno de Cantabria como para las propias empresas adjudicatarias (Ferrovial y SIEC), según el recurso presentado por el PSOE al procedimiento por el que se acaban de reiniciar las obras de la fase III del hospital santanderino.

Así lo pone de manifiesto el recurso de los socialistas, al que ha tenido acceso El Faradio, que alerta de que, en cumplimiento estricto de los términos del contrato, las empresas podrían alegar «indefensión» para exigir compensaciones económicas como consecuencia de un «menor o nulo beneficio industrial».

En el contrato de Valdecilla, el Gobierno ha apostado por una fórmula de colaboración público-privada conocida como PFI, o financiación privada de la infraestructura, para terminar las obras del hospital, a cambio de la gestión durante 20 años de más de 40 servicios no sanitarios.

La adjudicataria Smart Hospital (la sociedad constituida por Ferrovial y SIEC), se embolsará un importe total de más de 759 millones de euros, 100 millones más de lo que se estimó inicialmente, con un canon que se pagará de forma anual durante la vigencia del contrato.

En la argumentación de su recurso, el PSOE alerta de que no existe un informe económico-financiero de la autoridad competente del Gobierno, la consejería de Economía, Hacienda y Empleo, ni de la intervención de la comunidad autónoma, que justifique la vía de la colaboración público-privada frente a la terminación de las obras del hospital con recursos propios de la administración.

Ni tampoco existe un plan que justifique la viabilidad del contrato por parte de la empresa adjudicataria, según la documentación que facilitó el Gobierno al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que se trasladó al PSOE para que pudiera motivar su recurso.

RIESGOS PARA EL GOBIERNO

«Podría suceder que la adjudicataria, por la explotación de los servicios o simplemente derivado del cumplimiento del contrato en sus estrictos términos, exigiera un importe superior al inicialmente previsto como consecuencia de que la previsión inicial (ninguna), en cuanto al beneficio industrial que puede obtener derivado de la contratación se viera aminorado o desapareciera» asevera el recurso.

De esta manera, la Administración incurriría en «una responsabilidad derivada de su falta de planificación». Un coste, argumenta el PSOE, que «no debiera ser nunca soportado por los ciudadanos, a través del erario público, por no haberse realizado un plan de viabilidad y un informe económico financiero acorde a la magnitud de semejante contrato».

Según la argumentación de los socialistas, también pudiera pasar que la empresa adjudicataria «incrementara o impusiera determinados precios a los ciudadanos por la gestión de los servicios no sanitarios para que fueran estos quienes finalmente soportaran el coste de la ausencia de planificación».

Subraya el PSOE, que «lamentablemente» ya existen numerosos precedentes en la contratación pública durante los últimos años, en un recurso muy inspirado en los que ha presentado en la Comunidad de Madrid a procedimientos similares en el ámbito de la gestión sanitaria.

RIESGOS PARA LA EMPRESA

En el recurso, el PSOE dedica todo un capítulo a la «inseguridad jurídica» del megacontrato de Valdecilla, por lo que incluso la empresa adjudicataria queda expuesta a un riesgo de «litigiosidad futura» con la Administración sanitaria, por una «indefinición» de alguno puntos del acuerdo que puede perjudicar la estabilidad económico-financiera del contrato.

Por este motivo, la empresa podrá alegar en un futuro «indefensión«, ya que la Administración no aportó informes técnicos que definieran estos extremos en las bases del concurso y que permitirían evaluar costes que quedan por tanto en situación de indefinición.

Una indefinición que es «absoluta» en el punto 4.2.5.c. del megacontrato, relativo al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, y que plantea situaciones de futuro como la «adscripción o desascripción de nuevos centros asistenciales y/o administrativos», la «modificación del mapa sanitario» o la «evolución no previsible de la práctica asistencial sanitaria».

También queda ambiguo, según el PSOE, el punto 5.4, sobre el riesgo de construcción y obsolescencia del contrato, que obliga al adjudicatario a mantener actualizado el mobiliario y equipamiento general y electro médico vinculados a la obra construida, salvo alta tecnología, así como los riesgos de sobrecostes y retrasos en la construcción.

Esta exclusión de la alta tecnología genera «inseguridad» e «incertidumbre», toda vez que no define el concepto de «alta tecnología».