“Emiliano Garayar está especializado en la gestión de la complejidad. Operaciones poliédricas, con varios intereses contrapuestos a conciliar y múltiples áreas del Derecho implicadas”.

Así define la web de Garayar Asociados al socio fundacional que da nombre al despacho, que comienza sus actividades en el año 2006. Emiliano Garayar, al frente de un equipo que salía del bufete de abogados Gómez-Acebo & Pombo.

Emiliano Garayar.

“De formación inicialmente jurídica, Emiliano Garayar ha dedicado más de veinte años de su carrera profesional a la estructuración, negociación y ejecución de operaciones corporativas en el mundo empresarial,  y ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su profundo conocimiento y dilatada experiencia en el ámbito de la gestión de crisis empresariales y reestructuraciones societarias”, se define en la página de Quetho Finance, otra de las firmas del entramado societario que participa.

Buscamos referencias en Twitter y encontramos su perfil: @emilgarayar. La descricpión en la red social de los 140 caracteres resume que hablamos del abogado inconformista, emprendedor vocacional, amante de las dos ruedas, de  Ibiza, y de su mujer. No por ese orden,  guiña simpático para finalizar.

Nada de lo anterior contradice la cada vez más abundante información que obra en poder del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, desde que la empresa pública Cantur presentara la querella contra los que considera responsables de un quebranto patrimonial de casi 6 millones de euros por la venta del Racing.

Fundamentalmente, Cantur acusa al exconsejero de Economía, Ángel Agudo (actual presidente del PSOE), al exconsejero de Deporte, Francisco Javier López Marcano (PRC), al responsable de la Coordinadora de Empresas Públicas y del Instituto Cántabro de Finanzas (cerebro financiero de Agudo), Luis Egusquiza, y como cooperador necesario, al propietario de Dumviro Ventures, Jacobo Montalvo.

El núcleo gordiano de la querella es el trato de favor recibido por Dumviro desde el Gobierno de Cantabria y la recompensa para beneficiarle a cambio de asumir el Racing.

En primer lugar la adjudicación de Ecoparque Besaya, después la liberación de sus obligaciones, al asumir el Gobierno de Cantabria los gastos de la operación de compra de 2005, y no cobrar Cantur ni el principal del préstamo participativo ni los intereses.

Por último, liberar la prenda de las acciones y trasladar el préstamo participativo a una empresa de solvencia no acreditada (la WGA de Ali Syed), toda vez que la Sentencia del TSJC de 29 de enero del año 2009 anuló el contrato para la adjudicación del Ecoparque Besaya a favor de Alcalá 120 (empresa del grupo de Montalvo)

Entre los 12 testigos que plantea Cantur en la querella por el quebranto patrimonial de la empresa pública, está Emiliano Garayar, un personaje clave para entender la historia, la larga historia que ha llevado al Racing a la actual situación, gracias a una compleja red de relaciones…

Continuará.