El Gobierno de Cantabria tiene plan ‘B’ para frenar el avance de la fractura hidráulica en el territorio regional, en caso de que el Ministerio de Industria recurra al Tribunal Constitucional (TC) la ley cántabra antifracking: la propia Ley del Suelo.

Esta norma establece que sólo caben explotaciones mineras o extractivas en suelos catalogados como suelo rústico de especial protección minera, que suponen menos de un 5% del territorio.

De esta manera, el Gobierno de Cantabria espera poder oponerse a cualquier tramitación que conceda el Ministerio de Industria para el avance de los proyectos de fracking en la región, poniendo por delante la Ley del Suelo.

El caso es que Cantabria ha legislado en sentido contrario al Ministerio de Industria – a favor del fracking-, y las competencias en materia de recursos energéticos residen en el Gobierno central – Ley de Hidrocarburos-.

No obstante, varias comunidades autónomas han tratado de prohibir esta práctica de extracción de gas no convencional en sus territorios, en algunos casos argumentando competencias medioambientales, como en Cantabria, y en otros la ordenación del territorio, como en Navarra.

El Ejecutivo regional empieza a valorar jugar su as en la manga (la Ley del Suelo), ante el recurso de anticonstitucionalidad de la ley cántabra antifracking, que puede presentar el Ministerio de Industria  ante el TC en cualquier momento a partir del 27 de enero, cuando concluye el tiempo de la Comisión Bilateral para alcanzar un acuerdo.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria acordó, el 12 de julio, iniciar las negociaciones para resolver las «discrepancias» respecto a la prohibición en Cantabria de esta técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

El ministro Soria en un foro organizado por Repsol || Foto: Acfipress

En la actualidad hay seis permisos que afectan al territorio cántabro: cuatro concedidos ya por el Ministerio de Industria (Luena, Bezana, Bigüenzo y Gran Enara); otro más que está solicitado al mismo departamento del Gobierno central (Galileo); y el Arquetu, concedido por la administración regional.

El PLAN ‘B’ NO ES LA GARANTÍA DEFINITIVA

La Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria valora la voluntad y las medidas antifracking del Parlamento y el Gobierno autonómicos, aunque no las entiende como «la garantía definitiva».

A los movimientos antifracking les «choca» ver que el 99% de los permisos mineros vigentes en Cantabria se encuentran en suelo rústico de protección ordinaria, ambiental, agropecuaria o forestal, mientras que los que están en suelo de especial protección minera es por previa recalificación de especial protección ecológica a minera.

Según advierten, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y urbanismo (CROTU) ha concedido permisos mineros según esta política y los criterios a la hora de calificar estos proyectos han sido diversos. «Los ejemplos son muy numerosos y con sentencia incluida», sostienen.

Además, señalan que la CROTU pude llegar a denegar permisos si no se cumplen los requisitos legalmente establecidos, aunque advierten de que las empresas pueden recurrirlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Llegados a este punto, la Asamblea cree que «no está tan claro que se lo denieguen si reúnen los requisitos exigidos para ello», y en todo caso supondría solamente alargar el procedimiento «un año más o menos».

EL FRACKING SIGUE AVANZANDO EN CANTABRIA

Uno de los pozos está proyectado próximo a la Colegiata de San Martín de Elines

Muestra del avance de las empresas que desarrollan esta técnica es la reciente solicitud de Gas Natural Fenosa para abrir dos nuevos pozos en Valderredible, los denominados Cadialso-2, y El Coto-2.

La Asamblea contra la fractura hidráulica en Cantabria alerta de que Gas Natural podría empezar a hacer fracking en tres o cuatro meses, como consecuencia de la reducción de tiempos para la evaluación ambiental que contempla la nueva Ley de Impacto Ambiental.

Además, advierte en su página web que siguen con los trámites para ocho sondeos someros en Valdeprado del Río; uno en Toranzo; la campaña de sísmica que continúa en las comarcas del Besaya, Pas, Pisueña y Miera; los dos pozos de fracking en Valderredible y uno entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas.

En el momento en que el Ministerio presente recurso de anticonstitucionalidad, la ley cántabra quedará suspendida por 5 meses – si pide, como es previsible, la suspensión cautelar de la ley autonómica-.

En ese momento Gas Natural Fenosa tendrá vía libre para «horadar nuestros preciados acuíferos, que alimentan nuestros manantiales y ríos y mantienen el color verde de nuestra tierra», según la Asamblea, que, por otra parte, carga contra la «falta de respeto por nuestro patrimonio histórico-artístico» de la gasista, que pretende abrir un pozo a menos de 300 metros de la Colegiata de San Martín de Elines.