Las obras derivadas del megacontrato del Hospital Valdecilla seguirán adelante, toda vez que los tribunales han rechazado la petición del PSOE de paralizar las obras.

El presidente Ignacio Diego y la consejera de Sanidad visitando el inicio de las obras de Valdecilla

Ojo, eso no significa que se dé la razón sobre el fondo del asunto: el contrato del Gobierno de Cantabria para la adjudicación del fin de las obras a la empresa privada Ferrovial-Siec lanzado y que incluye la gestión de más de una treintena de servicios no sanitarios, por un importe de 759 millones de euros (sin IVA), a un plazo de 20 años.

Sobre lo que se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) es sobre la petición que hacía el PSOE de paralizar las obras hasta que hubiera decisión sobre el contrato, para evitar que una hipotética sentencia en contra llegara con ellas concluidas, con el daño hecho.

En su petición el PSOE (y Eva Díaz Tezanos, su secretaria general, que ha presentado también el recurso, a título personal), planteaba como antecedente el proceso de privatización en la sanidad pública madrileña.

El TSJC le responde afeándole que para comparar con otros casos se debe argumentar esa coincidencia para defender que es una situación similar, algo que en este caso no ha hecho el Partido Socialista en sus planteamientos.

Y añade que en el auto de Madrid que supuso la paralización del proceso allí, lo que estaba en cuestión era la gestión de la concesión del servicio público de la atención sanitaria, mientras que aquí sólo se contempla la cesión de los servicios no clínicos, entre los que había algunos que ya estaban privatizados.

Otro fallo ‘argumental’ en la demanda es que no desarrollan los perjuicios que provocaría la suspensión de la licitación y adjudicación del contrato.

Y por otro lado, se refieren al trámite concreto para el que se pedía la paralización. Porque lo que pedía el PSOE era suspender el procedimiento de licitación (el sacarlo a concurso) y la adjudicación (la decisión sobre el elegido).

Pero lo que sucedió es que cuando se solicitaron las medidas cautelares, ya se habían ejecutado el procedimiento de licitación y la adjudicación del contrato por lo que no se podía proceder a echarlas para atrás.

No obstante, sí que se tuvo la preocupación de pedir la suspensión de los actos derivados de la licitación, o sea, tanto las obras como la gestión de los servicios.

Queda por resolver el fondo del asunto: si el contrato en sí mismo es legal o no. El PSOE entiende que no, criticando en su recurso desde el mecanismo empleado (el diálogo competitivo, una negociación privada entre Gobierno y empresas aspirantes) hasta la falta de evaluación económica previa sobre el impacto de esta medida.

De momento, es la segunda vez que le dicen que no al PSOE desde Salesas en este proceso. La primera fue al rechazar que su petición fuera urgente. Queda por ver si habrá una tercera negativa, la definitiva.