Reincidiendo en Torrelavega

La reacción social ante la Ley de Seguridad Ciudadana que plantea el Ministerio del Interior y el clima de represión de las protestas de los movimientos sociales que se ha impuesto en los últimos meses tendrá una nueva muestra de apoyo que llega, en este caso, desde el mundo de la música.

El grupo de rock Reincidentes, con más de tres décadas sobre los escenarios de todo el país, donará un euro de cada entrada vendida para el concierto que se celebrará este sábado 8 de febrero en la Sala Pamara de Comillas.

Según explica la banda, han decidido colaborar con el colectivo ‘Stop Represión’ ante la necesidad de dar a conocer la «persecución» llevada a cabo por el Gobierno contra los activistas políticos y sociales que se movilizan contra los ataques a los derechos y les señalan como «culpables de una crisis que nos están haciendo pagar».

Reincidentes recuerda que en Cantabria, y en especial en la comarca del Besaya, la situación es «especialmente dramática», con miles de empleos perdidos durante el año 2013 y con muchas las familias a las que el banco les arrebata su vivienda por no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

«Ante esta situación y debido al aumento de la protesta social, la reacción del Gobierno no ha sido otra que la de usar su mayoría electoral para criminalizar y reprimir toda voz contraria, multando a integrantes de la PAH de Torrelavega por el escrache al alcalde del PP Ildefonso Calderón y deteniendo a los activistas Julio y Amador, sobre los que ahora pesa una pena de 16 meses de cárcel debido a su participación en un piquete durante la última huelga general», exponen en su página web.

El grupo, que llega a Cantabria en una gira especial que conmemora sus treinta años de existencia, reivindica la necesidad de luchar contra estas situaciones y apuesta por crear redes de solidaridad y apoyo con las personas que, con su lucha, defienden los derechos de todos frente a la clase dirigente. «La represión no solo golpea en el cuerpo, también en la cartera. ¡Necesitamos tu apoyo!», concluyen en su comunicado.

ACCIÓN Y REACCIÓN

Como se ha podido leer en El Faradio durante los últimos meses, antes de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en Cantabria ya hay varios avisos a navegantes sobre las consecuencias de las protestas de calle.

María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT Cantabria, ha sido condenada a una multa de cien euros por arrojar clavos a la calzada en la huelga general (en unos hechos que ella siempre ha negado) y en los que al final se produjo una rebaja en la petición de penas que se planteaba inicialmente, y que rondaba los 30.000 euros de multa.

También Paco Gómez Nadal, periodista y activista impulsor de La Vorágine, se enfrentó a un juicio por participar en una protesta en una oficina bancaria en Torrelavega, aunque finalmente la Fiscalía solicitó su absolución

La capital del Besaya, tal y como relataban los músicos de Reincidentes, ha sido objeto de varios hechos conflictivos relacionados con las protestas sociales.

Otro caso significativo en la comunidad autónoma fue el de Óscar Manteca, militante del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander (uno de los históricos del 15M en la capital), que pasó una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a la UIMP.