Al margen de acciones de carácter más permanente (como las que abandera la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en contra de los desahucios), la lucha contra la represión y criminalización de las protestas y la movilización de los desempleados cántabros hacia una marcha nacional son las citas más inminentes que se presentan en la agenda de los movimientos sociales que trabajan en la comunidad autónoma.

La criminalización de las protestas es una preocupación creciente entre los colectivos a raíz de la presentación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que incrementa las sanciones a formas de protesta como el escrache o los ‘rodea el congreso’, y además saca del ámbito judicial muchas de estas protestas, llevándoles a la propia Administración contra la que se realizan las protestas.

La inquietud al respecto ha incitado los primeros pasos, el pasado mes de diciembre, de una asamblea contra la represión de las libertades, que se apoya, además, en varios casos  que se han producido en Cantabria antes incluso de la ley (María Jesús Cedrún, Paco Gómez Nadal, Óscar Manteca…)

El último ejemplo de este marcaje a los movimientos lo ha vivido el colectivo Regüelta, citado como grupo de “extrema izquierda radical” en un informe de cuerpos de seguridad que publicaba este fin de semana la agencia de noticias Europa Press.

Activistas de Regüelta en una protesta (Foto: Regüelta)

Una etiqueta con la que este grupo no se siente identificado, ya que entiende que con ella lo que se pretende es “crear alarma social” y “criminalizarles”.

Frente a esta clasificación, ellos reivindican su condición de organización política juvenil con dieciséis años de trayectoria, que luchan contra “este régimen político” y con un marcado “compromiso” con “luchas sociales” en Cantabria, desde las protestas estudiantiles hasta las medioambientales, sindicales o contra los desahucios, etc.

Y manifiestan su preocupación por el hecho de que se les considere peligrosos basándose en su propia definición (buscan una Cantabria “libre, socialista y no sexista”.

La Ley de Seguridad Ciudadana también penaliza algunas de las formas de protesta `post 15-M’, como los escraches (los seguimientos a políticos fuera del campo de las instituciones) o los ‘rodea el congreso’ (manifestaciones frente a sedes legislativas).

En esa última línea pueden encuadrarse las llamadas ‘Marchas por la dignidad’ que confluirán el próximo 22 de marzo en Madrid.

Se trata de manifestaciones desde distintos puntos de España que recorrerán durante varios días el país, con destino a la capital, en un gran acto de protesta contra las políticas de austeridad.

Y contarán con representación cántabra: unas 40 organizaciones (como la Plataforma por lo Público y sin Recortes, el Frente Cívico, la Coordinadora Saja-Besaya, Equo…) que han conseguido unificar objetivos para participar de dos formas: con el desplazamiento a Madrid en autobús o tren para entrar en la capital a pie, y con marchas ‘internas’ por la propia comunidad, el día 16, con destino Torrelavega, y con una serie de actos preparatorios que comienzan este mismo jueves.

En el manifiesto, los convocantes apelan a una movilización “unitaria, masiva y contundente” al grito de “pan, trabajo y techo”.

Lo hacen enumerando problemas como el desempleo, y el paro-éxodo juvenil, pero también por la precarización de las condiciones de los que sí tienen un puesto de trabajo, junto a otros como la corrupción y el recorte de libertades.

Rechazan la ejecución por parte del Gobierno de las políticas de las instituciones financieras y políticas integradas en la Troika, con la “deuda ilegítima” y los recortes en servicios públicos. “Están aprovechando la crisis para recortar derechos y nos han robado la libertad”, aseveran.