La partida de ajedrez entre el Estado y Cantabria en torno al fracking sigue conforme el plan previsto.

Cantabria, las blancas, tiene su ley, contraria a esta técnica de extracción de gas natural a base de la ‘fractura’ de la roca cuestionada por sus efectos sobre los acuíferos y la sismicidad.

Y el Gobierno central, que juega con negras, le va abriendo paso con legislación que lo permite y ha llegado a recurrir esta ley.

Así que de momento, el paso que ha dado este jueves el Tribunal Constitucional era el que tocaba, lo que sucede cuando se recurre una ley y ese paso se admite a trámite: que automáticamente queda suspendido ese texto hasta que haya una decisión sobre el fondo.

De modo que en este punto de la partida Cantabria tiene su ley suspendida. Por eso el Gobierno anulaba la semana pasada el permiso ‘Arquetu’, el único que sólo afecta a territorio cántabro, en base a la Ley del Suelo (su plan B) y no en base a su propia legislación antifracking.

El Supremo ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cantabria, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.