Manifestación contra la exclusión sanitaria.

La plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria ha llamado la atención este fin de semana sobre la falta de atención sanitaria que siguen padeciendo la gran mayoría de los inmigrantes sin permiso de residencia en Cantabria, un problema que no ha resuelto el ‘Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública’. Esta medida fue aprobada por el Gobierno cántabro el pasado mes de diciembre, pero no incorpora de manera “rápida y eficiente” al sistema sanitario público a los inmigrantes excluidos, y así, se han producido al menos cinco casos de acompañamientos desde la aprobación de la norma regional, según denuncia este colectivo.

Tal y como denuncia la plataforma, el Programa cántabro excluye, de salida, a los inmigrantes con menos de seis meses de empadronamiento y a los que tengan ingresos superiores a 533 € mensuales; establece un “complicado conjunto de trámites administrativos fuertemente disuasorios”;  y no va acompañado de la campaña de difusión necesaria que permita su conocimiento entre los colectivos de inmigrantes desprovistos del acceso a la salud pública.

De esta manera, la plataforma contra la Exclusión Sanitaria eleva a “varios miles” el número de excluidos del sistema , a tenor de las más de 3.000 tarjetas sanitarias retiradas en Cantabria en septiembre de 2012, cuando entró en vigor la norma que privó de asistencia sanitaria pública a 873.000 inmigrantes en toda España.

Por este motivo, Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria exige a la Consejería de Sanidad la puesta en marcha de un programa “real” de inclusión de los inmigrantes en los servicios públicos de salud.

En su opinión, dicho programa “debe incluir al conjunto de los residentes en la región sin límite de tiempo ni de renta”, así como “facilitar al máximo” los trámites de inscripción y acceso, por lo que debe ser “ampliamente publicitado”.

Para esta plataforma, no hacerlo así supone “mantener la injusticia de la privación del derecho a la asistencia sanitaria pública” de un colectivo de ciudadanos que “con sus impuestos está financiando el servicio público de salud del que todavía muchos disfrutamos”.

La negativa a afrontar estas medidas supone también “mantener abierto el problema de salud pública”, derivado de la no atención sanitaria a un número importante de conciudadanos.

Por otra parte, recuerdan que la retirada de la tarjeta sanitaria a cerca de un millón de personas ha recogido una “amplia condena de todo tipo de sectores y sensibilidades”, desde trabajadores sociales a obispos, así como de organismos internacionales, entre los que destacan la del Comité Europeo de Derechos Sociales, el pasado 30 de enero.

En este sentido, advierten que “la exclusión sanitara pone de manifiesto la incompatibilidad de la medida con la Carta Social Europea –suscrita por España-“, que establece que el sistema de salud sea accesible a toda la población sin discriminación alguna.

Finalmente, Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria llama al conjunto de la ciudadanía a “seguir presionando” en la misma línea que los colectivos e instituciones mencionados, para conseguir “la restitución para todos de un derecho social que nos iguala como ciudadanos y nos humaniza como personas”.