Miguel Mirones preside el Instituto para la Calidad Turística de España

Dos de los acusados por la quiebra fraudulenta de la constructora Socueva realizan trabajos para el ICTE, el Instituto para la Calidad Turística Española que preside Miguel Mirones, exadministrador de esta empresa y expresidente de Ceoe Cantabria.

Se trata de Miguel Martínez de la Hidalga y de Inés Carmen Serna, que ejercen como consultor y auditora, respectivamente, en los procesos relacionados con la concesión de la Q de Calidad, el sello de distinción de calidad en los establecimientos hosteleros que concede el ICTE, un organismo de carácter privado.

En el proceso para conseguir esta marca primero se debe recurrir a una serie de consultores acreditados por el ICTE, que evalúan el establecimiento, y luego entidades certificadoras, cuyos miembros también deben pasar el filtro de este instituto, le dan el visto bueno.

Digamos que los consultores son como los profesores particulares que preparan para el proceso y los certificadores los que hacen el examen.

Pues bien, en una práctica que es muy criticada en el sector, ambos realizaban las dos partes de un proceso cuyo coste puede oscilar entre los 10.000 y los 18.000 euros y que durante un período ellos realizaron con profusión.

Cuando las realiza la misma persona (las funciones de consultor y auditor), es algo expresamente prohibido.

SU PAPEL EN SOCUEVA

El juicio por la quiebra de Socueva se celebra desde el pasado 3 de febrero y ha quedado visto para sentencia este martes, 18 de febrero.

En total, hay cinco acusados de varios delitos societarios. La Fiscalía solicita un año de cárcel y multa de 3.240 euros para el expresidente de la patronal cántabra, y también para su hermano Javier, junto al que fue administrador de la empresa cuando esta empezó a atravesar dificultades económicas, entre los años 1997 y 2001.

Aunque la principal pena se pide para Miguel Tausía, que fue el siguiente administrador de la empresa, cuando se empezaron a producir las acciones para vaciarla y evitar así los pagos a los acreedores. Para él se piden cinco años de prisión y multa de 10.440 euros.

Y para los otros dos, Miguel Martínez de la Hidalga e Inés Carmen Serna, se piden penas de cuatro años de prisión para cada uno de ellos como cooperadores necesarios para el vaciamiento patrimonial de Socueva.

Lo que se hizo en Socueva, según la tesis del Ministerio Fiscal y la Seguridad Social, fue desviar créditos y obras de esta empresa a otras relacionadas de alguna forma con ella (desde el Grupo Castelar de los hermanos Mirones hasta otra constructora, Cota).

Al quedarse sin patrimonio Socueva, no pudo satisfacer las deudas que mantenía.

El papel de Martínez y Serna (en la actualidad pareja sentimental) fue el siguiente:

-En 2001 Martínez de la Hidalga creó la empresa COTA Management, de la que fue administrador único, que acabó teniendo el mismo objeto social que Socueva.

–Una de las empleadas de COTA era Inés Carmen Serna, que recibió poderes para representar a Socueva.

-Desde esa responsabilidad, Inés Carmen Serna pactó en nombre de Socueva con Cota, la empresa en la que trabajaba, una cesión de créditos de la primera a la segunda por un valor de 11,6 millones de euros (dinero que dejó de figurar en las cuentas de Socueva), en un proceso que coincidió con el desvió de proyectos y contratos a otras empresas.

DESPUÉS DE SOCUEVA

Para acceder al ICTE como certificador es necesario hacerlo de la mano de una de las grandes empresas del sector (como AENOR, la más conocida), y desde allí, pasar al listado de auditores reconocidos por este organismo.

Tras todo lo sucedido en Socueva, Inés Carmen Serna crea CAT (Centro Avanzado de Telesoporte) Ingenieros, una firma que se dedicaba a funciones de adecuación de maquinaria y que extendió su actividad a campos como el de la formación, la consultoría o la certificación.

Y es a través de CAT como Serna consigue que una auditora de las grandes la valide para trabajar para el ICTE, aunque luego pasó a otra firma diferente y se especializó en la auditoría a establecimientos de carácter turístico, tipo hoteles y restaurantes.

Por su parte, Miguel Martínez de la Hidalga pasó a formar parte del listado de consultores del ICTE (paso para el que es necesario hacer un curso de formación), en representación de CAT Ingenieros, la empresa que había creado su pareja.

Esta empresa (que, por cierto, no ha cumplido con su obligación de depositar las cuentas ante el Registro Mercantil) les relaciona a ambos: la administradora única es ella, y él actúa ante el ICTE en nombre de CAT.

Esta empresa ha tenido otros domicilios: en la calle Honduras en Santander, y otro en Madrid, asociado al auditor José Martínez Callejo, denunciado (pero no acusado finalmente) también en el proceso judicial de Socueva.

También ha tenido una sede en una nave en el polígono industrial de Bezana, la misma que otra empresa, In Red Formación, de la que Miguel Martínez ha sido administrador y liquidador.