Llevaban celebradas tres asambleas ciudadanas desde el mes de diciembre y este miércoles se ha presentado en sociedad: Libres, la marca con la que se distingue la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, que nace en un momento delicado para los manifestantes de todas las causas y mareas, con el objetivo de combatir la estrategia trilero-legal del Gobierno de España.

Libres nace “para luchar y enfrentarse a la escalada represiva”, según uno de sus portavoces, Manuel Corbera Millán, profesor de la Universidad de Cantabria.

Este colectivo, que reúne ya a más de un centenar de ciudadanos cántabros, lleva tiempo preocupado por la deriva legisladora del Ejecutivo central en materias que afectan a derechos fundamentales tan básicos como los derechos de reunión y manifestación.

Así, recuerdan que la administración Rajoy empezó subiendo las tasas judiciales – para dificultar el acceso a la Justicia–, y que continuará con la aprobación de la reforma del código penal, para cargar de sanciones y penas hasta 39 nuevos supuestos, según la Fiscalía, en la Ley de Seguridad Ciudadana. Suman la Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad  del Estado a las empresas privadas – a los seguratas–.

Una reforma legal a la carta de los gobernantes, que penalizará acciones como impedir un desahucio de un minusválido, como recientemente hizo la PAH de Santander en Nueva Montaña; un escrache a un político en su domicilio, como el que se hizo al exalcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón; enseñar las tetas en una protesta, como acostumbra, guste más o guste menos, el colectivo Femen; acampadas como las del 15-M; convocatorias en Twitter; difusión en medios de comunicación; acciones como las de Greenpeace… todas estarán duramente penadas con multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros, y penas de entre uno y seis años de cárcel, según los supuestos, de prosperar los proyectos de Ley.

El abogado Darío Serrano, cree que el proceso no culminará, por criterios electoralistas, hasta después de las Europeas del próximo mes de mayo, pero la preocupación sigue ahí, sobre todo porque, incluso antes de las reformas legales, la Delegación del Gobierno en Cantabria ha impuesto fuertes sanciones, según Libres, a una veintena de ciudadanos cántabros.

Para prevenir y proteger los derechos fundamentales de los manifestantes, Libres ha desarrollado un aparato legal, formado de momento por seis abogados – esperan que se sumen más–; una página web, que integra un calendario de movilizaciones y un sistema de alertas para activar protocolos de actuación; y asesoría jurídica para manifestantes, en situaciones como las identificaciones policiales o las declaraciones judiciales.

PROTESTA CONTRA LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN CEUTA

Como ejemplo de esta actividad, este jueves han presentado ante la Delegación del Gobierno una carta de protesta por la actuación de la Guardia Civil en Ceuta, que tuvo como consecuencia la muerte de 15 inmigrantes.

En el escrito que han registrado, exigen la dimisión inmediata del ministro del Interior, Jorge Fernández, porque su «política represiva» ha supuesto la violación de tratados internacionales de derechos humanos en diversas ocasiones.

También exigen la suspensión de los cargos del director general de la Guardia Civil, el Delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y del resto de autoridades que participaran en la toma de decisiones, así como la revisión de la política migratoria del Estado español y la puesta en marcha de mecanismos de reparación con las víctimas de El Tarajal.

Esta tarde, han convocado una concentración, para escenificar su protesta y la repulsa por estos hechos, frente a la propia Delegación del Gobierno, a las 20 horas.