Salvador Blanco

Salvador Blanco, que fue consejero delegado de la empresa pública Sodercan y persona de confianza del exconsejero de Economía y presidente del PSOE, no estaba en el ‘once’ inicial del juez Parra en su investigación sobre la gestión de la frustrada fábrica de fibroyeso.

Se trata de una instrucción derivada de la Comisión parlamentaria de Investigación en torno a un proyecto en el que se embarcó el Ejecutivo regionalsocialista como socio, a través de Sodercan, de otra empresa, y que no llegó a arrancar, tras encadenar EREs hasta acabar en concurso de acreedores y vendida a la alemana Fermacell.

Tras más de un año de investigación, el juez Parra empieza a tener claras algunas cosas: que en todo ese proceso se produjo un despilfarro económico , sobre todo en la parte de la maquinaria, y un posible fraude al contratar empleados para recibir las subvenciones.

Pero sucede que el despilfarro no es delito, o sea que por ahí poco más se puede hacer. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha encontrado más base en el tema de las contrataciones de un personal que no tenía nada que hacer, pero que era necesario para poder cobrar subvenciones en materia de empleo.

Las fechas en que se tomaron una y otra decisión son las que inclinan que José Villaescusa, predecesor de Blanco en esta empresa pública del área de Industria, se salga de la convocatoria y entre Salvador Blanco, junto al resto de miembros del consejo de administración de la entidad pública que votaron esa decisión.

Blanco se incorpora a una nómina de imputados públicos entre los que siguen estando dos exconsejeros: el de Industria Miguel Ángel Pesquera; y el de Economía, Ángel Agudo. Junto a ellos, por parte del socio privado, Euroamérica.

Sigue siendo la fase de instrucción: las investigaciones previas. Habrá un momento en que el juez la cierre y se pase ya a decidir si hay o no juicio, y contra quienes de estos imputados.

EL DESPILFARRO NO ES DELITO….

En el caso de la maquinaria, el juez Parra habla abiertamente de “despilfarro” de dinero público y de “escaso interés” en su gestión.

Porque se pasó, detalla el juez, de 40 millones de dólares del año 2000 a 44 millones de euros de los de 2004, lo que traducido supone una plusvalía de 12 millones de euros a favor del socio privado, a quien el Gobierno le compraba la maquinaria dentro del pacto alcanzado para constituir la empresa.

Y todo porque se había supeditado a una futura auditoría que “en otra muestra de absoluto desinterés” no se realizó hasta cuatro años después, con la empresa ya en concurso de acreedores.

Instalaciones de Fermacell, que compró los restos de GFB

Maquinaria que además no estaba completa ni adaptada a la normativa europea, y que había pasado cuatro años en almacenes en Alemania, a bajas temperaturas y parcialmente al aire libre, lo que hizo necesario gasto en mejoras.

El juez incide en que dentro del consejo de GFB, con miembros de la empresa y otros designados por el Gobierno, “no hubo ninguna oposición” a esta u otras operaciones que supusieron “enriquecimiento” para el socio privado

Fue una operación “sobredimensionada”, que se concibió para fabricar 20 millones de placas de fibroyeso, el equivalente a todo el mercado mundial, mientras que Fermacel, actual adjudicataria de la fábrica, líder mundial del sector, ha comenzado su andadura con tres millones de placas.

El juez advierte sobre los gastos “excesivos y desmesurados” de la empresa, pese a que no llegara a fabricar: 1,2 millones de euros al año en sueldos (la mayor parte de alta dirección), 70.000 euros e directas o pagos con tarjeta de 356.000 euros por gastos de representación, mientras la empresa estaba ya en pérdidas económicas sustanciosas.

Todo eso, argumenta el juez, no entra dentro del Código Penal: no es malversación porque eso implica un ánimo de lucro o afán de beneficiar a terceros; ni es delito societario porque tampoco se ha podido probar intención de perjudicar.

….EL FRAUDE EN SUBVENCIONES SÍ

En cambio, sí se ve claro indicios de un delito de fraude de subvenciones, al menos en grado de tentativa, castigado con penas de entre uno y cinco años de prisión.

Aquí sí hay más pruebas: incluso actas de la empresa que dicen “expresamente” que hay que contratar a 45 trabajadores más para poder cumplir de las condiciones de la subvención.

Pero lo que sucedió después fue que esos empleados “no tenían ningún trabajo y que se dedicaban a perder el tiempo jugando a las cartas o al fútbol”.

Por este motivo, se cita como imputados a los participantes en la reunión de la que constan actas, es decir: Max Fischel Mora, Sebastián Tena Pujol, Carlos Álvarez Novoa, Leandro Saínz de la Riva, Mario Esquivel Pacheco, Salvador Blanco y Carlos Peña, junto a los exmiembros del Gobierno Agudo y Pesquera, y el exdirector de Sodercan Francisco Royano, por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social.