La lucha contra el fracking suma apoyos y amplía las bases científicas que subrayan su rechazo a esta técnica. Un informe de un organismo dependiente del Parlamento Europeo alerta de los peligros de la fractura hidráulica y cuestiona su desarrollo en Europa ante el riesgo que podría suponer la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y en la salud humana.

Este estudio, firmado por un equipo multidisciplinar de expertos de todo el continente y fechado a finales de 2011, fue solicitado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo y está elaborado por un departamento dedicado al análisis científico para ofrecer asesoramiento especializado a los miembros de este organismo.

En el texto se exponen las repercusiones que puede tener la fracturación hidráulica en el medio ambiente y la salud humana a través de los datos que se extraen de las experiencias desarrolladas en Estados Unidos, ya que la extracción de gas de esquisto en Europa se encuentra en sus primeras fases, mientras que en ese país tienen más de 40 años de trayectoria y han perforado más de 50.000 pozos en el momento de realizar el informe.

Entre las críticas, estos expertos señalan que no existe una normativa amplia que establezca una legislación eficaz sobre la minería europea y hace hincapié en las «lagunas» del marco normativo de la Unión Europea sobre la fracturación hidráulica.

Entre sus recomendaciones, invitan a revisar el ámbito de aplicación de la Directiva Marco sobre el Agua y urgen a prestar «especial atención» a las actividades de fracturación y sus posibles consecuencias para las aguas de superficie.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

«Las principales repercusiones son la emisión a la atmósfera de contaminantes, la contaminación de aguas subterráneas debido a los flujos incontrolados de gas o fluidos causados por erupciones o derrames, la fuga de fluidos de fracturación y el vertido incontrolado de aguas residuales», explican. También las emisiones de metano procedente de procesos de fracturación hidráulica pueden tener «enormes consecuencias» para el balance de gases de efecto invernadero.

Además, reconocen que una repercusión «inevitable» de la extracción de gas de esquisto es un alto índice de ocupación de tierra debido a las plataformas de perforación, las zonas de aparcamiento y maniobra para camiones, equipos, instalaciones de procesamiento y transporte de gas, así como las carreteras de acceso.

«Habría que examinar si debe prohibirse en general el uso de productos químicos tóxicos para inyección. Por lo menos, habría que dar a conocer todas las sustancias químicas que deben utilizarse, el número de los productos químicos permitidos debería restringirse y su uso debería ser objeto de seguimiento», subrayan en el texto.

CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que llegan estos especialistas apuntan a que, en una época en la que la sostenibilidad es clave para el futuro, cabe preguntarse si debe permitirse la inyección de productos químicos tóxicos en el subsuelo, o si debe prohibirse esta práctica, ya que limitaría o excluiría cualquier uso posterior de las capas contaminadas.

Este hecho resulta aún más grave si tenemos en cuenta que el potencial de los yacimientos de gas de esquisto es «demasiado reducido» para tener un impacto considerable en la situación del suministro de gas en Europa.

«Habría que revisar los actuales privilegios de los que goza la prospección y extracción de petróleo y gas en vista de que los riesgos y cargas para el medio ambiente no se ven compensados por un posible beneficio, ya que la producción de gas es muy reducida», concluyen.

NUEVA NORMATIVA

Pese a las recomendaciones de este informe, el Parlamento Europeo ha aprobado esta misma semana el acuerdo para revisar las normas en materia de evaluación de impacto medioambiental, cuyos cambios obligarán a tener en cuenta en el examen las consecuencias de los proyectos en la biodiversidad y para el cambio climático.

Los eurodiputados no han logrado, sin embargo, incluir en la nueva legislación la obligación de someter los planes de extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica a una evaluación para analizar su impacto en el entorno. De todas formas, las nuevas normas necesitan aún el visto bueno formal de los 28 países en las próximas semanas.

Con todo, la Eurocámara advierte de que sí deberán tenerse en cuenta nuevos factores de los proyectos gasísticos, tales como los riesgos para la salud humana por contaminación del agua, el uso de los suelos y el agua y la capacidad y calidad de regeneración de las aguas subterráneas.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS

Todo esto en un momento como el actual, en el que existe un conflicto de competencias entre el Estado y el Gobierno de Cantabria como consecuencia de la ley autonómica contra el fracking, que prohibía el uso de esta técnica en la región tras meses de movilizaciones y protestas de los colectivos sociales y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

En los últimos días salía a la luz un informe del Consejo de Estado que consideraba que la prohibición absoluta de llevar a cabo una técnica de investigación o explotación en materia de hidrocarburos no puede decidirse por una comunidad autónoma y consideraba la norma cántabra «arbitraria y desproporcionada»

El Ministerio de Industria y el propio responsable de este departamento, José Manuel Soria, han defendido reiteradamente el uso del fracking y argumentan que las legislaciones autonómicas, donde Cantabria fue pionera, pueden suponer una «seria limitación» de la explotación de recursos energéticos que consideran «estratégicos para el interés general» en un marco de «histórica dependencia» del exterior en un sector esencial para el desarrollo del país.

Esta posición ha provocado también las divergencias dentro del seno del Partido Popular, que ostenta el poder en el Ejecutivo central y en la gran mayoría de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que se han pronunciado en contra de la explotación del subsuelo a través del fracking en sus territorios.