En la partida de ajedrez que libran Estado y Cantabria por la regulación de la fractura hidráulica, el último movimiento lo han dado las principales instituciones autonómicas: el Gobierno regional y el Parlamento.

Ambos han presentado sus alegaciones al recurso de inconstitucionalidad promovido desde el Ejecutivo central contra la ley que aprobó Cantabria para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica, la cuestionada técnica para la extracción de gas del subsuelo.

Y lo hacen desplegando toda la artillería: el Gobierno cántabro llega a aseverar que el fracking es una “bomba de relojería”, un “atentado ecológico” y un “auténtico riesgo para la salud”.

Y cita además dos de los fetiches más importantes para Cantabria: las cuevas de Altamira, protegidas por la UNESCO, y la cueva del Soplao, grutas ambas que el Ejecutivo de Ignacio Diego cree que quedan amenazadas por el uso del fracking.

Al debate más técnico sobre las competencias en materia urbanística o energética, Cantabria esgrime un argumento más básico y trascendente: los riesgos para la salud, a los que tanto por ley estatal como por ley regional se supeditan el resto de proyectos.

ARGUMENTOS

Las movilizaciones ciudadanas contra el fracking llevaron a las instituciones a legislar

Se citan informes europeos sobre los riesgos del fracking, en aspectos como la calidad del agua, el aumento de la sismicidad o de las emisiones , pero también, paradójicamente, documentos del Gobierno en el mismo sentido.

El Gobierno de Cantabria apela a las dudas que su introducción está generando en otros países, que han llegado a establecer suspensiones o moratorias para esta técnica, como Francia, la región de Westfalia en Alemania, o varios estados de Estados Unidos, entre otros.

En el caso de Cantabria, el Ejecutivo apela a sus “singularidades geológicas e hídricas” para señalar que los riesgos son más elevados que en otras zonas.

Así, se enumeran todas sus cuencas, tanto en superficie como internas, y se destaca que acoge el nacimiento del río Ebro y el embalse, de modo que “prácticamente con independencia del lugar donde se quiera perforar va a afectar a las masas de agua”.

A los ríos y masas subterráneas suma las más de 6.500 cavidades que se reparten por toda la comunidad, lo que hacen que Cantabria tenga un subsuelo “horadado prácticamente en todos sus rincones”.

Y de entre las cuevas, cita riesgos para aquellas que tienen valor artístico o geológico, como Altamira, en Santillana del Mar, famosa internacionalmente por sus pinturas paleolíticas, o El Soplao

El Ejecutivo asume los argumentos de los colectivos antifracking, como las captaciones de agua en Toranzo que surten a Santander o la abundancia de cuevas en la zona sur de Cantabria, zonas ambas con permisos.

Otro argumento es la dispersión geográfica de la población, que impide que haya suficientes distancias de seguridad entre los pozos y núcleos habitados

Con “respeto” le dicen al abogado del Estado que su planteamiento del fracking es “reduccionista”, al no tener en cuenta otros aspectos que trascienden el energético, como los relacionados con el medio ambiente o la salud, con legislaciones específicas.

Cantabria cita la Ley General de Salud Pública para demostrar que su propia ley no vulnera la Constitución española, como cree el Gobierno central.

Matiza que su ley, de carácter transitorio y en la que concurren “circunstancias excepcionales”, no prohíbe la exploración de gases, sino el uso para ello de la fractura cuando tenga riesgos para el medio ambiente.

También apela a sus propias competencias en materia de ordenación del territorio (el Plan B que ya ha aplicado) o en salud (citando los riesgos que implica, por ejemplo, el uso de sustancias químicas durante el proceso)

Por su parte, el Parlamento de Cantabria ha realizado igualmente sus alegaciones, que abundan en que la comunidad autónoma no se ha inmiscuido en competencias estatales, centrándose en la parte de urbanismo que sí le corresponde a la región.

Y donde el Ejecutivo central habla de la generación de riqueza en la política energética que le permite legislar, el Parlamento cántabro responde con la riqueza paisajística o de patrimonio.