Lo que empezó con un comentario tomando un café entre dos empleados de la antigua Caja Cantabria se ha convertido en un proceso judicial que llegará, de forma inminente, a la Audiencia Nacional, adonde se van a derivar todas las causas judiciales que afectan a Liberbank (los pagos a López del Hierro y al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y el caso de los directivos sujetos que volvieron al Consejo tras pasar por un ERE).

López del Hierro

En ese café, el director de Bancantabria Renting –una filial de Caja Cantabria, integrada en Liberbank-, Antonio Huesca, le contó al sindicalista Alfonso Díez Prieto que su entidad estaba realizando pagos a una empresa que no conocía y de la que no le constaban trabajos.

Su titular era Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal (secretaria general del Partido Popular, a nivel nacional, y presidenta de Castilla-La Mancha, comunidad autónoma cuya antigua caja también forma parte del conglomerado de Liberbank).

Así lo relataba a Buenos Días Cantabria el ya jubilado Díez Prieto, quien también detallaba que el director de Bancantabria pidió a Liberbank información sobre ese contrato. En lugar de dárselo (“porque no existe”) , le llegó un correo electrónico ordenándole que procediera al pago, y meses después fue despedido.

Fue en ese momento cuando Diez Prieto, de Comisiones Obreras, y otro trabajador, llevaron el asunto a la Fiscalía Superior de Cantabria, que, tras una investigación, acabó por archivar el asunto.

“Hicieron pagos para algo que no sabemos qué es, pero estamos convencidos de que nadie da dinero por nada, sin contraprestación alguna”

La estrategia pasa ahora por elevar el tiro a otro organismo judicial: la Audiencia Nacional, dado que Liberbank incluye a varias comunidades autónomas.

La querella, que está perfilando un despacho de abogados, se presentará en los próximos días o la semana que viene, y va a tener un carácter integral, porque a los pagos a López del Hierro va a sumar los otros aspectos de la gestión de Liberbank que han sido objeto de procesos judiciales.

Fernando Martí Sharfhausen (Foto: CSN)

Como los otros pagos, también desde Liberbank, al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí Sharfhausen, que ha sido vicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía y secretario de Estado de Energía,  unas vinculaciones que lo hacen “incompatible” con la realización de trabajos para Liberbank, ya que esta entidad tiene “muchos intereses” en el sector energético (Manu Menéndez, presidente del banco, lo es también de una compañía eléctrica, Hidroeléctrica del Cantábrico).

A la pregunta de si los pagos desde Liberbank tienen “vinculaciones eléctricas”, Alfonso Díez respondía con un ”blanco y en botella”.

“¿Por qué pagas a un alto cargo de la Comisión Nacional de la Energía? Algún favor te habrá hecho”.

O el recorrido de ida y vuelta de tres directivos, incluidos en el ERE, que cobraron indemnización y que siguieron vinculados a la entidad, nombrados en el Consejo de Administración “el mismo día que les despiden”, lo que puede suponer además un “claro” delito fiscal, al no haber declarado a Hacienda las cantidades percibidas y beneficiarse de las ventajas fiscales de estar incluidos en una regulación de empleo.

El hecho de llevarlo a la Audiencia Nacional tiene otro efecto importante: permitirá conocer más detalles de la gestión de Liberbank, ya que, si se abre instrucción (investigación), comenzará a manejarse documentación que puedan pedir las partes o el propio magistrado que lleve la causa.