El Ministerio del Industria minimiza los riesgos de la técnica de extracción de gas de la fractura hidráulica que denuncian las plataformas que luchan contra ella, como la contaminación del agua, la sismicidad o el uso de aditivos químicos.

Lo hace en un informe de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, al que ha tenido acceso EL FARADIO, y en el que admite que parte de esos riesgos pueden producirse, si bien los minimiza y defiende que pueden ser controlados, sin necesidad de llegar a su prohibición.

El texto asume parte de los argumentos que emplea la industria del fracking para defenderse de las críticas de los contrarios a esta técnica, basada en el uso de sustancias químicas para fracturas rocas del subsuelo y conseguir liberar así el gas.

Argumentos como que la sismicidad es mínima y comparable a las de otras actividades (un informe de la industria llegó a compararlo con los movimientos que generan los atascos de tráfico) o que las sustancias químicas que se emplean son similares a las que se usan en el hogar.

El Gobierno central se viene mostrando bastante permisivo con el uso de esta técnica, hasta el punto de que ha abierto un conflicto de competencias con Cantabria por la ley autonómica que prohíbe el fracking en su territoria, aprobada tras las movilizaciones de colectivos ciudadanos, y que ha llegado, incluso, al Tribunal Constitucional.

El informe del Ministerio de Industria habla de la “revolución” que las nuevas técnicas de perforación han supuesto a la hora de aplicarse a nuevos yacimientos, no convencionales, en los que buscar gas y antes resultaba menos “rentable” hacerlo.

EL AGUA Y LA SISMICIDAD

En el informe se admite que en el proceso se emplean aditivos químicos, de uso industrial (hasta el punto de que hasta el año 2012 su composición era considerada secreto industrial), matizando que, pese a que “deben ser manejados con cuidado”, en realidad “no presentan una elevada toxicidad”. Además, añade que se encuentran también “en muchos productos del hogar”

También se admite que hay un riesgo de contaminación de acuíferos, pero se añade a continuación que existen técnicas para minimizar esos riesgos, como la búsqueda de una distancia suficiente (1,5 kilómetros) entre el acuífero y las formaciones que se vayan a fracturar, o el aislamiento entre ambos mediante una barrera física. Y se concluye que así la contaminación es “virtualmente imposible”

En cuanto al uso del agua, “muy considerable” (20.000 metros cúbicos por sondeo), se precisa que siendo elevado, es inferior al que se emplea en las tareas agrícolas o en la industria del carbón, de modo que habrá zonas en las que este punto puede implicar una “restricción importante”, sin evaluar el impacto de este consumo en otros factores, como la adaptación de estas cantidades a zonas concretas.

Y en cualquier caso, parte del agua, recuerdan, se recupera y puede volver a usarse en nuevos procesos de fractura, aunque el texto no valora los sistemas de almacenaje que se emplean para ello.

También se resta importancia al uso de las extensiones del suelo, así como al otro gran riesgo que denuncian las plataformas antifracking, el de la sismicidad.

En ese punto, se aclara que los movimiento sísmicos que sí que se generan son “demasiado pequeños siquiera para ser percibidos”, y se añade que también los producen otras actividades, como las mineras.

HAY RIESGOS Y FORMA DE MINIMIZARLOS

Como criterio general, el Ministerio de Industria considera que esta técnica, “como cualquier actividad industrial”, implica “unos riesgos específicos muy significativos que deben ser gestionados adecuadamente”.

Y añade que existe la tecnología “necesaria” para “minimizar” estos riesgos, aunque debe garantizarse, mediante una regulación “estricta”, que la industria actúa “responsablemente” en la ejecución del proceso.

Ante la “importancia estratégica” en el sector de la energía (tanto por la propia seguridad del suministro como por las posibilidades económicas), el Ministerio considera “justificado” permitir el desarrollo de los proyectos sin encontrar “razones técnicas objetivas” que les lleven a pensar que se debiera prohibir, con un “estricto” cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente “vigentes”.

En cualquier caso, el Gobierno central cree que, incluso en los sitios en los que los permisos estén más avanzados (precisamente la zona norte del país), el fracking se encuentra todavía en una fase preliminar, de modo que “no parece factible la realización de ningún sondeo con fractura hidráulica a corto plazo”, no antes de dos años.

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

El informe cita el caso de Estados Unidos, donde las fuentes no convencionales de gas se llevan usando dos décadas y han permitido abaratar los precios del gas en un 70% respecto a lo que se paga en Europa y que ha convertido al país en autosuficiente y potencial exportador.

Esto, además de dotarle de “independencia energética” –por contraste con la “dependencia” de la Unión Europea– , tendrá efectos sobre la situación geopolítica internacional, sostiene el Ministerio de Industria.

El informe esgrime datos de inversión generado o puestos de trabajo creados en Estados Unidos gracias al uso de estas técnicas.

En el caso de España, se admite que pese al potencial en el país de estos recursos, existe cierta “incertidumbre” sobre su viabilidad económica, y, en cualquier caso, no sería “suficiente” para que España alcance la autosuficiencia energética.

Además, para España y, en general, para Europa, el hecho de contar con menos experiencia en el desarrollo de estas técnicas se traduce en unos mayores costes de implantación, lo que, sumado a que los contratos en vigor son a largo plazo, no se traducirá en un descenso de precios equiparable al que experimentó Estados Unidos.

“El desarrollo del gas no convencional tendría un impacto moderado en el precio del gas, sin que parezca esperable un descenso radical de los mismos”, afirma.

Se llama la atención sobre el hecho de que estén siendo las administraciones más cercanas al ciudadano las que más dudas o rechazo están mostrando contra el fracking (desde la red de municipios contra la fractura hasta los proyectos de ley de tres comunidades, incluida Cantabria, las tres uniprovinciales, por cierto, es decir, también con más cercanía entre institución y ciudadano que autonomías más grandes).

El informe lo firma Jaime Suárez Pérez-Lucas, Director General de Política Energética y Minas , sucesor en este cargo de Fernando Marti Scharfhausen, actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y cuyos cobros de Liberbank a través de una entidad dependiente se denunciarán ante la Audiencia Nacional.