concentración, este sábado, frente a los juzgados en Santander.

Medio centenar de cántabros se han concentrado este sábado ante la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en Santander, en adhesión a una convocatoria en 70 ciudades españolas, y han denunciado, de forma individual, a los agentes de Policía Nacional, o en su caso a los cargos policiales o políticos responsables del operativo del que formaron parte el 22-M.

La denuncia reclama una investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables de un delito por vulneración del derecho fundamental de «Manifestación y reunión Pacífica y sin armas», y acusa a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado – entre ellas la policía antidisturbios- por una actuación contraria al mandato de «garantizar la seguridad de los ciudadanos», recogido en el artículo 104 de la Constitución Española.

En el relato de los hechos, cada denunciante señala que vio en las inmediaciones de la Plaza de Colón de Madrid cómo numerosos grupos de policía antidisturbios de la UIP (Unidad de Intervención Policial) cargaron en dirección hacia donde se encontraban concentrados miles de manifestantes pacíficos que asistían a los actos de clausura de las Marchas por la Dignidad, el pasado 22 de marzo.

El escrito de denuncia añade que entre los miles de manifestantes pacíficos había personas de todas las edades «incluidos ancianos y niños» y considera que la manera de proceder de los cuerpos policiales generó una situación de «pánico», que puso en riesgo la Seguridad de los manifestantes que participaban pacíficamente.

Por estos motivos piden:

– Que se libre oficio a la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior para que identifique a los agentes que recibieron el encargo de acudir a la Plaza de Colón, sobre las 20.30 horas.

– Que una vez identificados se requiera a su superior jerárquico en los juzgados, para que declaren en calidad de imputados

– Y que se libre oficio al Ayuntamiento de Madrid para que remita al juzgado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la Plaza de Colón y alrededores. En este sentido, solicitan al juzgado que libre atento oficio para que el Consistorio madrileño no borre las imágenes, debido a los cortos plazos legales de mantenimiento de las grabaciones, por la Ley de Protección de Datos.

#DENUNCIACIUDADANA

La acción está enmarcada dentro de la campaña #denunciaciudadana, que anima a las personas a presentar ante el juzgado de guardia una denuncia contra los policías y contra los responsables del operativo desarrollado durante las Marchas de la Dignidad, que concentraron a más de un millón de personas en Madrid.

Esta campaña masiva de denuncias judiciales, coordinada a nivel estatal  exigimos que se abra una investigación inmediata al máximo nivel, para acabar con la posibilidad de que manifestaciones pacíficas, del tipo que sean, puedan ser reprimidas violentamente por el Estado.

Para ello, busca presentar el mayor numero de denuncias judiciales posible, en el menor tiempo.

La denuncia, como testigo de los hechos, no supone implicación alguna en el procedimiento judicial que se abra: el denunciante no es “parte del proceso”, por lo que tampoco supone pago de tasas ni de otro tipo. «Sólo estamos poniendo en conocimiento unos hechos para que se investigue si corresponde», aclaran finalmente los convocantes.