La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, Libres, celebra este fin de semana su fiesta, con la que recauda fondos para destinar a la Caja de Resistencia para el pago de multas y sanciones, que ya afectan en la región a una veintena de activistas.

Conciertos anoche en The New

Con este fin, ha organizado dos conciertos: la noche de sábado en el New, con la actuación de los grupos Cero a la Izquierda, Los Escapaos y Capitán Guinea, y este domingo, a partir de las 13.30 horas, en el Canela de Cañadío, con la presentación del grupo Swing Sentidos.

Este colectivo reúne a más de un centenar de ciudadanos cántabros, que lleva tiempo preocupado por la deriva legisladora del Ejecutivo central en materias que afectan a derechos fundamentales tan básicos como los derechos de reunión y manifestación, así como la criminalización de las protestas, que se ha visto recientemente tras los incidentes del 22-M.

Libres nace “para luchar y enfrentarse a la escalada represiva” de la administración Rajoy, que empezó subiendo las tasas judiciales – para dificultar el acceso a la Justicia–, y que continuará con la aprobación de la reforma del código penal, para cargar de sanciones y penas hasta 39 nuevos supuestos, según la Fiscalía, en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Un proyecto de Ley que recientemente ha enmendado el Consejo General del Poder Judicial, con un severo tirón de orejas al Gobierno, ya que cuestiona su encaje en la Constitución.

Libres suma a esta estrategia  la Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad  del Estado a las empresas privadas.

Reformas legales que, en su conjunto, penalizarán acciones como impedir un desahucio de un minusválido, como recientemente hizo la PAH de Santander en Nueva Montaña; un escrache a un político en su domicilio, como el que se hizo al exalcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón; enseñar las tetas en una protesta, como acostumbra, guste más o guste menos, el colectivo Femen; acampadas como las del 15-M; convocatorias en Twitter; difusión en medios de comunicación; acciones como las de Greenpeace…

El Gobierno pretende que todas estas acciones estén duramente penadas con multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros, y penas de entre uno y seis años de cárcel, según los supuestos, de prosperar los proyectos de Ley.

Para prevenir y proteger los derechos fundamentales de los manifestantes, Libres ha desarrollado un aparato legal, formado de momento por seis abogados – esperan que se sumen más–; una página web, que integra un calendario de movilizaciones y un sistema de alertas para activar protocolos de actuación; y asesoría jurídica para manifestantes, en situaciones como las identificaciones policiales o las declaraciones judiciales.