A los juzgados y tribunales llegan, como ondas expansivas, casos que reflejan los efectos de la crisis: despidos, desahucios, concursos de acreedores….

Y no es que hayan dejado de llegar, pero la memoria judicial de 2013, presentada por el presidente del TSJC, César Tolosa, empieza a reflejar un cambio de tendencia.

Cambio que no tiene que ver con las tasas judiciales, que, según subrayaba el presidente del TSJC, no han cumplido con su objetivo de reducir la litigiosidad, que ha bajado en un “inapreciable” 2,7% en Cantabria.

Complejo judicial de Las Salesas

En la memoria se observa una disminución generalizada en la entrada de asuntos -en línea con la media nacional-, y, ya en lo relacionado de forma más directa con la crisis, los concursos de acreedores en empresas bajaron casi un 17% y las ejecuciones hipotecarias lo hicieron un 17,5%.

La excepción viene de la mano de la Jurisdicción Social, cuya entrada creció el 9% (muy por encima del 1% a nivel nacional) y, especialmente, de las demandas de despido: se dispararon un 36,4%, el incremento mayor de toda España, y ello debido a los despidos en la fábrica Sniace.

SECTOR FINANCIERO Y TRIBUNALES: PREFERENTES Y DESAHUCIOS

Manifestación contra Liberbank por la emisión de sus preferentes

Y luego están las preferentes, ese producto financiero que ha dejado retenidos los ahorros de miles de cántabros, que han acabado por llevar a los tribunales a sus bancos de confianza, de forma masiva.

Hasta tal punto que en Santander se tuvo que habilitar un juzgado específico para las participaciones preferentes, que ha agotado ya (prórroga incluida) el cupo de demandas (700): las que lleguen a partir de ahora irán a juzgados normales.

Los afectados estaban satisfechos con este órgano, que ha emitido con bastante rapidez sentencias que además les han dado la razón de forma mayoritaria, y que han sido refrendadas en segunda instancia.

Aunque sí es importante el número de sentencias, lo es más el de acuerdos al que, en el transcurso del proceso, se llega para evitar tener que ir a juicio. 35 sentencias, frente a 58 acuerdos.

Diferente es la situación en Torrelavega, donde se empieza a producir un fuerte incremento de las demandas por las preferentes.

En el caso de los desahucios, en 2013 se registraron en los Juzgados de Primera Instancia de Cantabria un total de 669 ejecuciones hipotecarias, lo que supone una caída respecto a 2012 del 17,5%.

Este descenso puede tener como una de sus causas la publicación de la Ley 1/2013 de Protección de los Deudores Hipotecarios, que entró en vigor el 15 de mayo pasado.

CONCURSOS DE ACREEDORES

Respecto a los concursos de acreedores, han bajado en relación al año anterior (109 frente a 131), aunque, frente a esto, lo que ha subido son los preconcursos, el paso previo, que es la fórmula que muchas empresas (fue el caso de Ascan) encuentran para evitar que un acreedor les pida el concurso, y que les sirve para ganar tiempo para resolver sus problemas financieros.

Sucede también en este campo de los concursos que quedan muchos pendientes por resolver, más que el año pasado (357 frente a 292).

Esto sucede porque en el tema de la resolución, cuando lo que se decide es liquidar (vender la empresa), lo que se está produciendo es que cuesta más encontrar compradores, y mientras no se culmine esa parte, se mantiene abierto el expediente, hasta que se opte por la disolución total.

OTROS CASOS

Entre las paradojas de la crisis, se encuentra un descenso en lo Contencioso-Administrativo: los pleitos que se ponen a la propia Administración, y que suelen estar muy relacionados con las obras o el urbanismo. Como hay menor actividad pública, hay menos procesos (de 1.467 el año anterior a 996 en 2013).

Han bajado los pleitos que interponen los funcionarios, ya que ahora es obligatorio que concurran con su abogado.

Y en los derribos de viviendas en la costa con sentencia firme de demolición, el TSJC admite la dificultad de conseguir que se cumplan, y llama la atención sobre la carga de trabajo que les suponen los incidentes de ejecución (el procedimiento que se abre cuando alguien entiende que no se puede cumplir con la sentencia, en este caso con el derribo, lo que implica un retraso en el proceso).