El ‘banco malo’ (la entidad que recoge todos los activos tóxicos, es decir, las viviendas que se le ‘quedaron’ a la banca en el proceso de la crisis económica) tiene al menos 300 viviendas en Santander.

Así se desprende de información municipal, en pleno debate sobre el uso que se le puede dar a lo que no deja de ser vivienda vacía o locales en la ciudad.

Belén Romana, presidenta de SAREB

Poco a poco, van trascendiendo datos sobre el patrimonio de esta entidad, denominada formalmente SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).

En Torrelavega, el nuevo equipo de Gobierno PSOE-PRC presentaba recientemente un estudio en el que cifraba en 105 las viviendas que el ‘banco malo’ tiene en la capital del Besaya, y que el equipo de Gobierno pretende que se destinen a alquileres sociales, algo que quiere pedirle expresamente a la SAREB en una reunión.

En el caso de Santander, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) estimaba en unos 400 los pisos vacíos, propiedad de bancos, en la capital, que quería que sean, también, para alquileres sociales.

La SAREB, con un 45% de capital público, es una de las medidas incluidas en las condiciones del rescate europeo a la banca. Nació con 40.000 viviendas como activos, y en 2013 logró vender más de 9.000.

El año pasado fue su primer ejercicio, y los resultados no fueron precisamente buenos: la entidad cerró con unas pérdidas de 261 millones de euros, cinco veces más de lo que había previsto en su plan de negocio.

LOS ALQUILERES

La PAH está tratando de promover un debate sobre el modelo de alquiler, ya que cuestiona el empleo de dinero público para unas ayudas económicas que benefician a un grupo reducido de usuarios y que contribuye a aliviar, nuevamente, la carga que acumulan bancos e inmobiliarias.

Dentro de ese debate, además de los pisos del ‘banco malo’, la PAH pedía que el alquiler social –que supone un máximo del 30% de los ingresos del solicitante– fuera también el modelo para pisos propiedad de otras instituciones, como el propio Ayuntamiento o la Iglesia.

En Santander, el PSOE llevó al Pleno una propuesta para que se destinen a alquileres sociales las viviendas vacías municipales, que están en la calle Isaac Peral y en la Bajada de San Juan. La propuesta salió adelante con la unanimidad de todos.

LAS PLUSVALÍAS

Otro de los debates relacionados con la política de vivienda que ha surgido en las últimas semanas se refiere a la plusvalía, el impuesto con el que se grava el valor añadido que adquiere un inmueble y que se aplica cada vez que hay una operación que implique cambio de propiedad, incluidos en los desahucios, es decir, es un impuesto que se cobra incluso cuando se pierde el piso y que viene a tener un valor medio de 883 euros por operación.

Es algo sobre lo que habían llamado la atención la PAH, el PSOE de Santander y el partido La Unión.

Para afrontar este problema, el Ayuntamiento de Santander arbitró para una peculiar fórmula: el alcalde, Íñigo de la Serna, acaba de presentar un fondo económico para familias en dificultades, que, incluye entre sus fines, la posibilidad de destinar la ayuda al pago de este impuesto municipal.

En principio el Ayuntamiento había anunciado una serie de ayudas específicas para las plusvalías y luego un fondo para familias en dificultades, pero finalmente optó por integrar en ese fondo, dotado con 500.000 euros, ese concepto, junto a otros, como la alimentación o la higiene, etc.

El Consistorio santanderino estima que podrán beneficiarse de estos fondos unas cien familias, si bien el cálculo resulta casi imposible de realizar, ya que a día de hoy no existen estadísticas por ciudades de ejecuciones hipotecarias o desahucios.