“Nosotros no tenemos ningún afán en separar a niños de sus padres, faltaría más. Queremos que estén con sus padres, que, además, es nuestra obligación legal. Nuestro deber es velar por la seguridad e integridad de los menores”

Con estas palabras defiende María Souto, subdirectora general de Infancia del Gobierno de Cantabria, la gestión que este departamento de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales realizó del proceso de adopción de W.

Ferdinand, padre de W., reunido con la asamblea de apoyo

Bajo esa sigla se esconde el nombre de un menor de edad, de origen africano, al que sus padres, Ferdinand y Monike, intentan recuperar con la ayuda de un grupo ciudadano de apoyo.

W. dejó de estar bajo la tutela de sus padres cuando, a raíz de un accidente que le llevó a estar hospitalizado, y que despertó las sospechas del personal del centro de que pudiera estar sufriendo malos tratos.

Los malos tratos se descartaron en instancias judiciales, pero una serie de accidentes previos del niño llevaron a plantear otra situación, la de una desatención o “negligencia” por parte de sus padres.

De ahí derivó un proceso administrativo que culminó con la entrega de W. a otra familia, y que ha sido ratificado también por instancias judiciales y por el Defensor del Pueblo.

Un proceso que explica a EL FARADIO María Souto, quien insiste en que las decisiones adoptadas en este departamento (la pasada legislatura, recuerda, ante la posibilidad de ‘tentaciones’ políticas con el caso) han sido ratificadas por los tribunales, hasta llegar a la sentencia firme de la Audiencia Provincial.

DOS CAMINOS JUDICIALES

El problema en este caso es que tomó dos derivadas judiciales diferentes: la penal, que se inició ante la sospecha del maltrato; y la civil, centrada en las medidas adoptadas por la Administración.

Y en ambos caminos paralelos, a ambas partes se les ha dado la razón: por un lado, en lo penal, la Audiencia de Cantabria ha rechazado que W. sufriera malos tratos, y por otro, en lo civil, la Audiencia respalda la retirada de la patria potestad.

Esto lo explica Souto en que los malos tratos no son el único motivo para llevar a adoptar esta determinación.

Y cita los accidentes domésticos (“seis en un año”) que llevaron a W. a ser ingresado o atendido medicamente, y en los que ve indicios de “negligencia” por parte de los padres, por los retrasos en atenderle o por su forma de gestionarlos.

Son aspectos que ratifica la sentencia civil de la Audiencia Provincial, pero que no se dieron en los siguientes hijos que tuvo el matrimonio, a los que se realizó un seguimiento ante los antecedentes del caso, y en base al cual se apreció una evolución en la forma de Ferdinand y Monike de gestionar su paternidad.

Una evolución que, sin embargo, no es suficiente para que la Administración revierta la situación, tanto porque es firme y confirmada por sentencias judiciales, como por el hecho de que el niño, en preadopción con otra familia, y en otra comunidad autónoma, se encuentra “bien”, sin echar de menos la situación anterior. Cuando cumpla 18 años, tiene el derecho de decidir con qué familia quiere vivir.

INFORMES

En Servicios Sociales también recuerdan que cuando el niño recibía visitas de sus padres en el centro de acogida, reaccionaba de una forma negativa que desaparecía en cuanto se interrumpía ese contacto, tal y como reflejan unos “llamativos” informes.

No obstante, en otros documentos psicológicos y jurídicos que maneja la asamblea ciudadana se detalla una evolución en esta situación, que se achaca a las propias dificultades del caso: desde los problemas de adaptación del niño (trasladado desde África a Cantabria a los tres años, y que no conocía a su padre en ese momento) hasta la separación respecto a sus padres y la forma en que se hizo.

Finalmente, desde el Ejecutivo rechazan las acusaciones de racismo en el caso por la condición de inmigrantes de los padres, alegando que se gestionan numerosos expedientes que afectan a personas de otros países; y también piden “responsabilidad” a la hora de difundir el caso, para que no se citen datos personales de W. al hablar de él.

LA ASAMBLEA SIGUE

Todos estos argumentos son conocidos por Ferdinand y Monike, que llevan varios años (desde 2009) luchando por recuperar a W.

Durante este período, han pasado de una situación inicial en la que se encontraban bastante solos, o rodeados únicamente de las personas más cercanas con las que contaban en Cantabria, hasta el momento actual, en el que poco a poco se ha ido conformando un grupo de apoyo que ha ido creciendo en los últimos tiempos.

Este grupo, que funciona como asamblea, se está moviendo a través de distintas vías, desde la recogida de firmas, pasando por la difusión a través de redes sociales y un blog, pasando por el contacto con más colectivos sociales.

Además, han convocado una concentración de protesta, este sábado a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Santander, mientras estudian nuevas posibilidades de acción en otros terrenos.