La LOMCE, la anteúltima ley educativa (anteúltima porque en cuanto haya relevo de partido en el Gobierno será derogada) está cada vez más cerca, y la comunidad educativa apura la lucha contra esta reforma en todos los frentes posibles.

Está la calle, con las manifestaciones, pero la pelea se está trasladando también a otro importante escenario: los órganos de representación de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores), en los que se debatirán distintos puntos relacionados con la Ley.

Las calles de Santander volvían a ser recorridas por manifestantes con camisetas verdes en defensa de la educación pública, en una cita que suponía el culmen a toda una semana de lucha en centros de enseñanza con la vista puesta en la inminente entrada en vigor de la LOMCE, la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno central y que poco a poco van perfilando las comunidades autónomas.

En este caso, la cercanía de la entrada en vigor y la sensación de las dificultades para lograr que el Ejecutivo escucha las voces de la comunidad educativa (padres, trabajadores y alumnos) han supuesto que la participación sea menor que en otras protestas educativas, (600 según la Policía, 2.500 según los organizadores, menos de 1.000, en todo caso).

Es algo que asumían alguno de los participantes y de lo que ya habían advertido activistas durante la semana, y por eso las intervenciones al final del acto incidían en la importancia de mantener vivo el pulso.

Para ello, se llamaba la atención sobre los distintos motivos, desde el deterioro de la calidad educativa que suponen aspectos como la reducción de personal o el retraso en la cobertura de las sustituciones, pasando por el nuevo diseño de la Formación Profesional, la situación de los interinos y la alta precariedad que empieza a ser tendencia (con un crecimiento exponencial de las contrataciones parciales en la educación) y culminando en la diferencia de trato entre lo público y lo concertado en cuanto a la llegada de fondos públicos.

En cualquier caso, la comunidad educativa afronta la semana que entra un hito importante en la lucha contra la implantación de la LOMCE, a través de su debate en los distintos órganos de representación del sector.

El martes se abordará en el Consejo Escolar el debate sobre alguna de las concreciones de la LOMCE en Cantabria (el currículum, esto es, los contenidos en la fase de Primaria), y se están apurando los contactos para lograr que de allí salga un dictamen negativo.

En el Consejo Escolar están representados colectivos que aglutinan a estudiantes, padres, etc…. , y es el lugar en el que se debaten y analizan las cuestiones importantes para el sector.

Es un órgano de participación en el plano de la educación, y varios de sus miembros alertan de las tentaciones en el Gobierno de Cantabria de evitar que el debate sobre la LOMCE se dilate mucho allí, hasta el punto de que se trató que el trámite para hablar de ello, iniciado en plena Semana Santa, fuera por la vía más rápida, con un plazo de 15 días que finalmente se logró ampliar.

Sindicatos como Comisiones Obreras ya han advertido en varias ocasiones de las trabas a la participación que se están poniendo desde la Consejería de Educación, con el retraso en nombramientos de algunos de sus miembros o la poca frecuencia de sus reuniones, en lo que veían un intento de controlar o silenciar otras voces.

En la comunidad educativa confían en que la pluralidad de este órgano de representación se traduzca en un informe que no coincida con las tesis de la Consejería de Educación, en la misma línea que el cambio que se inició en la FAPA (la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos), cuando Gema Pérez logró el relevó frente a la candidatura continuista con la gestión de Luis Vilches, siempre muy reacio a la expresión pública desde la FAPA de opiniones de los padres sobre proyectos de la Consejería.