Cuando una puerta se cierra, hay otra en el subsuelo que se abre.

Esta parte del refranero español la tienen muy claro en la empresa BNK, que la semana pasada se despedía de Cantabria con un sonoro portazo, después de que la comunidad autónoma anulara el Arquetu, el permiso que le habían concedido la pasada legislatura para trabajar con la fractura hidráulica en la zona occidental.

Sin embargo, en la vecina Burgos (Castilla y León) no parecen encontrar tanto problema, y ya han comenzado el proceso para las expropiaciones de las fincas de particulares con terrenos incluidos en zonas en las que aspiran a extraer gas natural.

Así lo relataba una propietaria, vecina de Villarcayo, en una entrevista con la emisora Radio Valdivielso (de la asociación con el mismo nombre) de la que se hacen eco los colectivos que en Cantabria se oponen a esta cuestionada técnica de extracción de gas natural del subsuelo.

Carta recibida por una vecina de Villarcayo (FOTO: Asamblea contra la Fractura Hidráulica)

El ‘modus operandi’ que se ha empleado describe de alguna manera por donde puede tirar esta empresa: una petición trasladada por un abogado que luego se concreta en la información “en tono amenazante” de que se puede ocupar su finca, dándole un plazo de 15 días para que la propietaria adopte una decisión al respecto.

Y además, se evidencia la maraña legal en la que está inmersa la fractura hidráulica: con un Gobierno central que recurre las leyes autonómicas en contra del fracking, como la cántabra, mientras el Ejecutivo regional se basa en la legislación urbanística para tratar de frenar los permisos, como se ha hecho con el Arquetu.

Pero BNK se escuda en este caso en otra legislación. En concreto, en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, que declara a los hidrocarburos como un bien de utilidad pública, y, en consecuencia, las fincas afectadas pueden ser expropiadas, aplicando la Ley de Expropiaciones, de 1954, al mismo nivel que, por ejemplo, una autopista.

BNK PETROLEUM

BNK Petroleum tiene un permiso de investigación en la zona, denominado Urraca, cuyo ámbito de influencia se extiende también a Álava (la mayoría de los permisos concedidos afectan a varias comunidades y por tanto dependen del Ministerio de Industria y no de la comunidad autónoma).

Además, esta empresa se ha mostrado especialmente activa para convencer a los vecinos de la comarca de las ventajas de la fractura hidráulica.

Allí ha desarrollado una intensa campaña que ha incluido el pasado mes de marzo, el pago de un viaje a Polonia a líderes de opinión local para que vieran una instalación que decían era similar a la que quieren implantar en Burgos.

Pero BNK es más que una empresa con intereses del fracking que se ha movido mucho: es, además, una de las empresas fundadoras y más activas de Shale Gas España, el lobby del fracking en nuestro país, la asociación que agrupa a empresas con intereses en esta técnica de extracción de gas natural.

De hecho, el director corporativo de BNK España, Juan Carlos Muñoz Conde, es, directamente, el portavoz de Shale Gas España, y también el vicepresidente de ACIEP, la Asociación de Compañías de Investigación y Exploración de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo.

En representación de estos intereses, Muñoz Conde participó el pasado mes de octubre en el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, celebrado en el Palacio de La Magdalena de Santander con el fin de difundir una visión más amable de una técnica de extracción de gas natural que ha logrado sacar a la calle a muchos ciudadanos y poner en contra a bastante instituciones públicas.