Se acumulan los problemas burocráticos y las soluciones se ven lejanas. En realidad, todo lo que sea más allá del inminente 2 de junio será llegar tarde para los 1.419 perceptores de la Renta Social Básica.

Esta denominación se refiere a una ayuda del Gobierno de Cantabria a personas que no tienen otro tipo de prestación o apoyo, como, por ejemplo, cuando ha finalizado la cobertura del desempleo.

Andaribel avisó hace semanas ante el ICASS del problema con la renta social básica

El grupo Andarivel, un colectivo social que reclama la renta social (en realidad, un concepto más amplio que este), ya había alertado del riesgo al que se enfrentaban los perceptores de esta ayuda.

Como consecuencia del Plan de Sostenibilidad cántabro (la ley del Gobierno Diego que hace dos años recogió sus medidas de choque ante la crisis, como el famoso céntimo sanitario, entre otras), se establecía un cambio en la forma de cobrarla para aquellos que llevaran dos años percibiéndola.

En ese caso, la renovación dejaba de ser automática, y este plazo vence en junio, aunque desde el Gobierno de Cantabria ya se había garantizado que se podría encontrar una fórmula.

A este problema, del que ya se había avisado, se suma el que la evaluación de los casos depende de los servicios sociales de los ayuntamientos, a los que les ha llegado de golpe la documentación sin tiempo material para darle salida. Los propios técnicos han alertado de esta situación, pidiendo disculpas a los afectados.

El Ayuntamiento de Santander, al enfrentarse a este problema, ha ideado una fórmula que implica un adelanto de la cantidad a cargo de las arcas municipales, pero que es de momento un planteamiento que saldría adelante en función de si el Gobierno de Cantabria se compromete a devolver al Consistorio esas cantidades.

Sobre este problema había avisado también la oposición socialista municipal, que lo ha trasladado al Pleno, y, en el plano autonómico, el PRC aprovecha para ahondar en la herida del conflicto institucional entre compañeros de partido y ha pedido al Gobierno que acepte la propuesta del alcalde Íñigo de la Serna.

AGRAVIO COMPARATIVO

El colectivo Andaribel no está conforme con las soluciones: denuncia que al trasladar el proceso a los trabajadores sociales ha provocado el problema y la “indignación” de estos profesionales.

Y no les convence la solución De la Serna, que sólo afecta, en principio, a los que cobrarían en junio. Es decir, los de junio son los primeros a los que les pasa, y en julio habrá una nueva remesa de cántabros a los que se acabe este plazo. Y en agosto, otros, y así sucesivamente.

“¿Los siguientes afectados tendrán la misma atención por parte del Señor Iñigo de la Serna?”, se preguntan en este colectivo, en el que añaden que se produce un “agravio comparativo” respecto a los perceptores de otros municipios, pues no deja de ser una situación y un procedimiento que se repite en todos los ayuntamientos.

Para ellos, la solución es la derogación de la ley que fijó los plazos para la Renta Social Básico, así como un aumento de la partida presupuestaria correspondiente, algo que reclamarán el mismo 2 de junio en un acto de protesta en la plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 11.30 horas

También Izquierda Unida se refería a las “peleas” administrativas, y reprochaba a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, su “falta de voluntad política” para resolver el problema.