Afectados protestaron hace semanas ante el Instituto Cántabro de Servicios Sociales

La fecha estaba marcada en rojo en el calendario. 2 de junio, el primer día en que se acaba el plazo marcado por la Ley de Sostenibilidad del Gobierno de Cantabria para la renovación de la Renta Social Básica.

Antes de esa ley había una renovación automática de esta ayuda de en torno a 400 euros que respalda a las personas que no reciben otro tipo de prestación, como es el caso de los parados de larga de duración.

Pero hace dos años, el Ejecutivo de Ignacio Diego aprobó la Ley de Sostenibilidad, vendido como un ‘plan de choque’ ante la crisis, que recogía distintas medidas, entre ellas la implantación del céntimo sanitario.

En ese lote iba una limitación al plazo de renovación automática a la Renta Social Básica: a los dos años, habría que volver a realizar el procedimiento.

Ese plazo vence por primera vez este 2 de junio, y a la Administración no le ha dado tiempo a acometer una renovación de todos los perfiles, unos 1.400. Incluso aunque llegara, la ayuda se abona un mes después, con lo que se corría el riesgo de que algunos perceptores pasaran un mes ‘en blanco’, sin ingresos.

Lo venían avisando los profesionales de los servicios municipales de Santander y colectivos como Andaribel, que tiene prevista este lunes una concentración de protesta ante el Ayuntamiento de Santander.

Desde el Gobierno, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga (de quien depende el Instituto Cántabro de Servicios Sociales que tramita estas ayudas), ha garantizado estos días que los afectados que cumplan los requisitos recibirán la prestación, algo que se podrá confirmar este mismo lunes y a lo largo de la semana.

No será exactamente la Renta Social Básica, sino una cantidad similar y equivalente, que se cogerá del Fondo de Emergencia aprobado por el Gobierno de Cantabria, como forma de cubrir este primer mes, en tanto la maquinaria administrativa sea capaz de resolver los expedientes.

Es una forma de avalar que con sus denuncias tenían razón los trabajadores y educadores sociales del Ayuntamiento de Santander (que se enfrentaron al problema de estudiar de forma individualizada todos los casos en un plazo de escasas semanas, al tener que afrontar los expedientes como si fueran nuevos en lugar de renovarse automáticamente).

Tal y como manifiestan, pese a valorar la fórmula adoptada por la Consejería de Sanidad, se prueba que el origen de todo lo sucedido no deja de ser la Ley de Sostenibilidad, aprobado hace dos años.

Reprochan al ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) su “falta de previsión”: “conocían desde hace dos años que en Junio de 2014 se extinguirían alrededor de 1400 expedientes”, por lo que “debería haber habilitado un procedimiento que facilitara la gestión de la renovación sin perjudicar a las personas, ni cuestionar la labor de otros profesionales e instituciones relacionadas con los Servicios Sociales”.

Por su parte, desde Andaribel, colectivo que reclama la renta social básica (en realidad, apuestan por un concepto más amplio de renta ciudadana universal), piden que se amplíen los fondos para esta ayuda y que se suprima la limitación temporal marcada por la Ley de Sostenibilidad, petición realizada también por el Partido Socialista de Cantabria.