Se llama Amparo y vive en lo que todavía es la parte más rural de Santander, uno de los pocos restos de lo que antes eran campos y huertas, y que ahora se ha convertido en la zona de expansión de la ciudad. Los expertos en urbanismo denominan estas áreas rururbanas.

Y ahí se localiza su casa, al finalizar el Parque de Las Llamas, una zona natural de reciente creación que discurre en paralelo a la autovía de entrada y salida de la ciudad, junto a las nuevas urbanizaciones de viviendas y de camino a los centros comerciales.

Es una parte de la ciudad con un crecimiento desordenado en la que queda mucho por construir -como planifica el nuevo Plan General de Ordenación Urbana- y sobre la que se empieza a actuar ahora.

En su caso, se quiere expropiar su vivienda para construir una  conexión transversal, otra, de acceso a la S-20, ofreciéndole un acuerdo que ella se niega a aceptar, pues supone mudarse a una vivienda más pequeña y en una zona más alejada de la suya, además de tener que abonar una cantidad económica (10.000 euros).

Es algo que quieren evitar distintos colectivos de la ciudad, liderados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Santander y asociaciones de vecinos de la zona, además de amigos de la familia.

De momento, el primer paso de sus acciones es una protesta este viernes ante la Plaza del Ayuntamiento a las 11.00 horas, justo cuando está previsto el acto de apertura del acta de ocupación de su vivienda, a lo que Amparo se negará.

Es una acción a la que convocan a todo el que quiera acudir para mostrar su apoyo a Amparo.

A partir de ahí, y en función de los pasos que decida dar el Ayuntamiento de Santander, el caso podría pasar a la vía judicial, y los colectivos que quieren evitar la expropiación ya advierten de que están dispuestos incluso a ponerse frente a las palas excavadoras para evitar que Amparo abandone su casa, en lo que es sólo el principio de las movilizaciones que ya están planificando.

La zona del proyecto es polémica: el partido La Unión recordaba que se ha adjudicado a la unión de empresas Corsan Coviam-Copsesa.

La primera de ellas, detallan, ya ha sido señalada por el Tribunal de Cuentas al detectarse sobrecostes de 30% en otro vía de conexión de la S-20 con la Avenida de Los Castros y el puente sobre la Vaguada de Las Llamas.

Y la otra, COPSESA, es propiedad de José Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales de la Victoria por el Partido Popular.

La Unión critica que se vuelva a adjudicar un proyecto a una empresa que ya ha protagonizado sobrecostes en el  pasado: “el truco está claro, lo que hace la empresa es acudir al concurso con una baja temeraria, para asegurarse la adjudicación, y que no sea recurrido por otras empresas.”

“Todo esto se efectúa con la complicidad del Ayuntamiento”, aseveran, porque “sin la colaboración del Ayuntamiento de Santander, para facilitar estos pelotazos de corrupción”, incidió “no sería posible este asalto a la caja de todos los santanderinos”.