El Ayuntamiento de Santander ha convocado a la Junta de Portavoces para analizar este próximo jueves la situación de la expropiación – que conllevaría el desalojo de su vivienda- de Amparo, la anciana de 86 años afectada por el proyecto de nueva conexión transversal entre la Avenida de Los Castros y la S-20.

Amparo, arropada por familiares en la protesta ante Urbanismo por la expropiación de su vivienda en Las Llamas

La posibilidad de desalojo había movilizado el viernes a más de un centenar de vecinos de Santander, en apoyo a la situación de Amparo y su familia, que están en contra de la expropiación y del justiprecio.

Las protestas, lideradas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), habían advertido en las últimas horas de la necesidad de «un Gamonal» si el Ayuntamiento de Santander persiste en sus planes y no da una solución satisfactoria a la vecina.

La propuesta de los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento, que no satisface a la familia de Amparo, supone un justiprecio por la expropiación por importe de 79.000 euros, para una vivienda de 90 metros cuadrados y un terreno de más de 300 metros en plena zona de expansión de la ciudad, o una vivienda de protección oficial de 40 metros cuadrados en el sector 3 de Peñacastillo, por la que Amparo tendría que desembolsar 12.000 euros.

El Ayuntamiento de Santander ha defendido el carácter estratégico de una obra de «interés general», y hasta el momento sólo se ha pronunciado en un comunicado, el mismo viernes en que se produjo la protesta vecinal, en términos de «condena y rechazo» hacia los manifestantes, por «presionar» a los funcionarios y políticos para que «prevariquen» en favor de un particular.

La clave del proceso es la calificación del suelo de Amparo, que en 2009 pasó – según el Catastro- a ser considerado rústico, en lugar de urbanizable, como era hasta entonces. En esos años el Ayuntamiento redactaba el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente en 2012, y que contempla la conexión transversal que afecta a esta propiedad.

Es el segundo expediente de expropiación que inicia el Consistorio en los mismos términos, con relación a la vivienda de Amparo, ya que en 1998 recibió una primera notificación que no tuvo consecuencias.

La inminencia del inicio de la fase constructiva de este nuevo puente de conexión sur-norte de la Vaguada de Las Llamas ha precipitado los acontecimientos y la reacción social, ampliada por las denuncias de especulación urbanística y de los sobrecostes a favor de las mismas empresas adjudicatarias, Copsesa y Corsán Corviam.

Ante los hechos, el Grupo Municipal Socialista solicitó esta semana una reunión de la Junta de Portavoces de los tres grupos con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE y PRC).

Los socialistas van a defender un acuerdo negociado y extrajudicial con la particular, mientras que el PRC se inclina, de partida, por la figura del convenio urbanístico, que se ha empleado, por citar algún caso, en la tramitación del Centro Botín o en el Campo Municipal de Fútbol de Monte.