Amparo y su familia, en la concentración de protesta por la expropiación de su casa en Las Llamas.

La PAH de Santander promueve a través de las redes sociales una protesta, una pitada al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, en el chupinazo de la Semana Grande de Santiago, las fiestas patronales de la capital cántabra, por el inminente desalojo de su vivienda de Amparo, una vecina de la Vaguada de Las Llamas afectada por una conexión entre Los Castros y la S-20.

Aunque el chupinazo es una tradición relativamente reciente, relacionada con la iniciativa del alcalde De la Serna de sacar las fiestas de Santiago del ámbito taurino de Cuatro Caminos, en los últimos años había alcanzado un poder de convocatoria impresionante.

Tan es así que, desde el balcón consistorial, queda para la historia de la hipérbole política aquella cita del alcalde: «Más quisiera Pamplona».

Lo que ocurre es que los movimientos sociales no están para fiestas, y menos después de que el Ayuntamiento haya puesto fecha definitiva a la ocupación de la casa y la finca de Amparo en la vaguada de Las Llamas, para el cada vez más próximo 4 de agosto

El proyecto está rodeado de polémica, no sólo por un justiprecio que para la afectada y su familia es manifiestamente injusto (79.000 euros) en una zona de expansión de la ciudad, previa recalificación de sus terrenos de urbanizables a rústicos, en plena tramitación del Plan General de Ordenación Urbana que contemplaba la construcción de esta nueva conexión transversal.

Amparo rechazó un apartamento del parque de VPO, de 50 metros cuadrados, por el que debía abonar más de 10.000 euros

Y es que donde la administración racanea para compensar al ciudadano expropiado, no actúa igual para pagar los sobrecostes a las empresas adjudicatarias de la anterior conexión transversal, a escasos metros de la que va a desalojar a Amparo de su casa, la que construyó junto a su marido hace ya medio siglo.

En aquel anterior vial, el puente conocido como Espada – ejecutado también antes de las últimas elecciones municipales de 2011-, el Ayuntamiento pagó más de 1,3 millones de euros en sobrecostes a la UTE Corsán-Copsesa, afeados por el Tribunal de Cuentas por considerarlos injustificados y previsibles.

La PAH de Santander, que lidera la movilización social frente a la actuación municipal, ya ha advertido de que están dispuestos a todo, a «un Gamonal» si fuera preciso, para evitar el desalojo de Amparo, y valoran la posibilidad de una acampada o de resistir al avance de las máquinas.

Así que la pitada convocada mañana puede ser sólo la primera de más acciones de protesta de un movimiento que ya congregó a más de 100 ciudadanos frente a las dependencias municipales de Urbanismo, el día en que Amparo se negó a las condiciones ofertadas.

En el plano político, desde el Ayuntamiento se amparan en el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, y rechazan las protestas.

La oposición (PSOE y PRC) ha tratado en vano de mediar antes del cierre del expediente para buscar un justiprecio más apropiado a las características de la vivienda (90 metros) y de la finca (370 metros).

A estos grupos, el Equipo de Gobierno PP les acusa de irresponsables, de tratar de beneficiar a un particular, o incluso de promover un delito de prevaricación de los funcionarios y políticos del Ayuntamiento.