Tras descalificar a los manifestantes, aludiendo a los actos “vandálicos” realizados en la protesta y acusándoles de querer imponer un interés particular frente al general, el Ayuntamiento de Santander ha cargado este miércoles contra la diputada del Partido Regionalista Concepción Solanas, exconcejala en la capital.

Solanas, parlamentaria que se caracteriza por su sensibilidad a los temas sociales y por su presencia en numerosas convocatorias de actividades o reivindicaciones, acudió este martes a una concentración convocada en la finca de Amparo, la vecina de Santander de 86 años de edad cuyo terreno en la Vaguada de Las Llamas se quiere expropiar para construir un vial.

El motivo de la concentración fue el inicio de las obras, a cargo de la constructora Copsesa (propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, del Partido Popular), en los terrenos adyacentes. En la finca de Amparo aún no se puede trabajar debido a que la expropiación aún no se ha formalizado, pendiente como está de resolución judicial.

En la protesta, a la que acudieron unas 70 personas, se paralizaron momentáneamente las obras, que se reanudaron poco después.

Concentración en apoyo a Amparo

Para el Ayuntamiento de Santander, Concepción Solanas debe dar explicaciones de por qué asistió a una protesta “ilegal” (el Ayuntamiento la considera así por carecer de autorización, aunque estaba convocada en la finca particular de Amparo, al igual que la reciente acampada), en la que se paralizaron obras y hubo ”daños” en la maquinaria de la empresa Copsesa, según reseña el Consistorio.

Lo hacía primero el alcalde, Iñigo de la Serna, en declaraciones a los medios, e insistía después en nota de prensa, para dejarlo claro, el concejal de Infraestructuras, César Díaz.

Conchi Solanas, que antes estos ataques ha recibido numerosas muestras de apoyo en redes sociales, ha justificado su presencia en el acto como protesta por lo que considera una “injusticia”, y ha precisado que lo hizo a título personal, y no en representación del Partido Regionalista.

Una explicación que al Ayuntamiento de Santander no le servía, y que le recordaba que la condición de diputada es durante las 24 horas del día, pese a que el argumento de Solanas se ceñía a la representación del partido y no a su cargo en el Parlamento.

El Ayuntamiento trata de llevar a la arena partidista un asunto que está generando adhesiones en la ciudad (sus promotores, la PAH, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, admiten que en las concentraciones y actos de apoyo a Amparo están viendo a mucha gente que no conocían, es decir, a personas que no participan habitualmente en las actividades de la plataforma).

Conchi Solanas, diputada del PRC

Y para ello, ha tratado de vincular la organización de las protestas con nuevos grupos políticos en busca de protagonismo, sin citarlos expresamente; y en la política más regional, tirando de ‘y tú más’, preguntando a Solanas “qué diferencia encuentra entre una de las expropiaciones que ha sido necesario realizar para ejecutar la nueva conexión transversal de la S-20 y los miles de expedientes expropiatorios que se promovieron en los 16 años en los que el PRC ha estado al frente de la Consejería de Obras Públicas en el Gobierno regional”.

La falta de autorización expresa de la protesta sirve para que el Ayuntamiento pase a considerarla “ilegal”, y además el Consistorio pedía a la diputada una “condena” de los actos “vandálicos”, por lo que insistían en pedirla “que asuma su responsabilidad y su deber y explique a los cántabros cómo es posible que una representante de su Parlamento apoya acciones que van en contra de la legalidad establecida”.

Por su parte, Concepción Solanas cree que lo que trata el Ayuntamiento es de «criminalizar a todo ciudadano» que participe en una concentración ciudadana como hizo ella.

Y enmarca que en la protesta, ella no participó «en ninguna acción que no fuera la de apoyar a Amparo Pérez» por la situación a la que el Ayuntamiento «quiere encaminarla: echarla de su casa con una cantidad que no puede considerarse justa».

La diputada apuntaba que «quien determina si una expropiación es justa o no, es la justicia, y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto» (de momento lo único que ha habido es la negativa a una paralización cautelar de las obras, pero no se ha abordado el tema en sí).